Por Redacción | Miércoles 18 de febrero de 2026, 12:30 h.
José María Balcázar se ha convertido, contra todo pronóstico ético y en medio de una tormenta política sin precedentes, en el nuevo presidente de la República del Perú. Lo que ocurrió la noche de ayer en el Hemiciclo no fue una fiesta democrática, sino una maniobra de supervivencia parlamentaria que ha colocado en el sillón de Pizarro a una figura envuelta en las sombras de la sospecha judicial. Mientras los congresistas celebraban con aplausos secos y miradas esquivas, en las calles de Lima y las regiones del sur, la indignación comenzaba a hervir. No es para menos: el hombre que ahora porta la banda presidencial arrastra un historial de cinco graves acusaciones que van desde el fraude hasta el prevaricato.
Una elección a espaldas del país
La designación de José María Balcázar no fue fruto del voto popular, sino de una negociación a puerta cerrada entre las bancadas más dispares del Congreso. Ante la vacancia de la presidencia y la falta de consenso, el Legislativo optó por «el mal menor» para sus propios intereses, ignorando las carpetas fiscales que pesan sobre el excongresista de Perú Bicentenario.
A las 11:45 de la noche, el tablero electrónico marcó los 87 votos necesarios. No hubo confeti, solo un silencio tenso roto por el juramento apresurado. José María Balcázar, con la mano alzada y la voz firme, prometió defender una Constitución que, irónicamente, sus críticos aseguran que ha vulnerado sistemáticamente a través de sus presuntos actos ilícitos.
La llegada de este personaje al poder máximo del Ejecutivo plantea una interrogante aterradora para la institucionalidad peruana: ¿Cómo puede dirigir la lucha contra la corrupción alguien que es protagonista de múltiples carpetas fiscales activas?
El expediente negro: Fraude y Estafa
El primer gran fantasma que persigue al mandatario es su gestión en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). Las investigaciones apuntan a que José María Balcázar habría participado en un esquema de apropiación ilícita de fondos. Durante años, los agremiados han denunciado la desaparición de recursos y la falta de transparencia en las cuentas durante su decanato.
No se trata de rumores de pasillo. Existen documentos y peritajes contables que sugieren un desfalco sistemático. La acusación por fraude y estafa no es un hecho aislado en su carrera, sino el pilar de una reputación cuestionada. Sin embargo, el fuero parlamentario y ahora la inmunidad presidencial parecen ser el blindaje perfecto para que estas investigaciones queden, una vez más, en el congelador de la impunidad.
Suplantación de identidad: La sombra de la duda
Quizás uno de los cargos más insólitos y graves que enfrenta José María Balcázar es la investigación por suplantación de identidad. Fuentes del Ministerio Público han mantenido abierta una indagación sobre el uso indebido de credenciales y firmas en procesos administrativos clave.
Este delito, que en cualquier democracia funcional inhabilitaría a un funcionario público de tercer nivel, en el Perú de hoy no ha sido impedimento para asumir la Jefatura de Estado. La defensa de Balcázar siempre ha calificado estos hechos como «persecución política», un argumento que repitió anoche en su primer mensaje a la nación, desestimando la gravedad de las pruebas periciales que obran en su contra.
Sobornos y la justicia en venta
El pasado de José María Balcázar como juez supremo provisional también está bajo la lupa. Testimonios de colaboradores eficaces y grabaciones que han circulado en medios de investigación lo vinculan presuntamente con la recepción de sobornos para favorecer a redes criminales y litigantes poderosos.
La acusación es devastadora: mercadear con la justicia. Se le imputa haber inclinado la balanza en fallos judiciales a cambio de beneficios económicos y favores políticos. Ahora, este mismo hombre tendrá la potestad de proponer a los nuevos altos mandos de la justicia peruana y controlar el presupuesto del Poder Judicial, una paradoja que ha puesto en alerta a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Prevaricato: Fallar contra la ley
Finalmente, el delito de prevaricato cierra el círculo de hierro de sus acusaciones. José María Balcázar ha sido señalado reiteradamente por emitir resoluciones contrarias al texto expreso de la ley cuando ejercía la magistratura.
Uno de los casos más sonados involucra la liberación de implicados en casos de violación sexual, donde su criterio jurídico fue, por decir lo menos, aberrante a los ojos de la doctrina legal y la opinión pública. Su interpretación laxa de la ley, que en su momento benefició a criminales, ahora será la brújula moral de la nación.
La reacción de la calle y el futuro inmediato
Mientras José María Balcázar se acomoda en Palacio de Gobierno, la respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Colectivos civiles, estudiantes universitarios y gremios de trabajadores han convocado a movilizaciones masivas bajo el lema «No al presidente imputado».
La comunidad internacional observa con escepticismo. Los mercados reaccionaron esta mañana con una caída de la Bolsa de Valores de Lima y una subida del dólar, señales inequívocas de la desconfianza que genera un perfil con tal carga delictiva al mando de la economía.
El Congreso, cómplice de esta elección, apuesta a que la fatiga social permita a Balcázar gobernar hasta el 2027. Sin embargo, la historia reciente del Perú demuestra que la paciencia de la calle es corta cuando la dignidad se ve atropellada.
José María Balcázar inicia hoy su mandato, pero no lo hace con la legitimidad de las urnas ni con la autoridad moral de una trayectoria limpia. Lo hace con el peso de cinco delitos rondando su despacho y con un país que, lejos de reconocerlo como líder, lo señala como el síntoma más grave de una enfermedad política terminal. La crónica de su presidencia, lamentablemente, parece que se escribirá más en las páginas policiales que en los libros de historia cívica.
