Nada desnuda con mayor claridad la verdadera identidad del actual régimen, que el aviso del presidente López Obrador de que el próximo año enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer a los organismos autónomos, -principalmente el INAI-, que tiene como objetivo transparentar ante los ciudadanos toda la información de cualquier nivel de gobierno, así como el TRIFE, que es el tribunal electoral que definirá jurídicamente las controversias que surjan después de la elección del 2024.
Es evidente que en el centro de esta iniciativa está la aversión que este gobierno tiene a ser fiscalizado en el manejo de los presupuestos y su obsesión por retener el poder absoluto controlando los resultados electorales. Hoy vemos que los recursos económicos que opera el gobierno federal se gastan con total opacidad, evitando rendir cuentas, -tanto de la entrega de las licitaciones-, como del uso final del presupuesto.
En el paquete destructivo también se englobará a la COFECE, y la COFETEL, entre otros organismos autónomos.
Sin embargo, para desaparecer estos organismos, -hasta hoy independientes-, es necesario hacer cambios en la Constitución y para ello se requiere contar con el número de votos de una mayoría calificada, que seguramente MORENA y sus aliados no lograrán sumar, y eso lo sabe el presidente.
La pregunta que surge obligadamente es… ¿Qué pretende el presidente al enviar al Congreso una iniciativa que será rechazada?
Seguramente ese rechazo le permitirá crear una narrativa victimizadora que hable de la pretensión de sus adversarios políticos de conservar privilegios, -y con ello-, él justifique la ofensiva final en contra de los organismos autónomos, destrozando su credibilidad y el respeto que hasta hoy tienen por parte de la ciudadanía. Lo más probable es que el tema del combate a la corrupción sea el eje de esta campaña desestabilizadora.
Sin embargo, -dando por sentado que él está seguro de que Claudia Sheinbaum ganará la elección-, este será el argumento que justificará la necesidad de que el próximo gobierno cuente con el apoyo de un Congreso dominado por MORENA y que la 4T tenga el número de escaños que le permitan alcanzar la mayoría calificada, para realizar todos los cambios constitucionales que siempre ha deseado. De este modo construirá para su sucesor un poder absoluto que garantice la permanencia indefinida de los gobiernos de la Cuarta Transformación, en los cuales él será el “poder detrás del trono”.
Por tanto, esta iniciativa y su posible rechazo por parte de la actual legislatura, marcará el inicio de su propia campaña electoral para el 2024 en busca del voto ciudadano, -no solo para su candidata a la presidencia de la república-, sino para el control del Congreso, -o sea-, el Poder Legislativo.
La campaña por el control del Congreso en el 2024 será la “madre de todas las batallas” electorales y en ello debe fijar su atención la oposición.
El presidente López Obrador por fin ha desnudado su aversión al modelo de gobierno democrático, sustentado en la separación de poderes constitucionales y el respeto que entre ellos debe existir.
¿Cómo se denomina un gobierno opaco… al que no le gusta transparentar sus decisiones ni tolera contrapesos?… Seguramente usted ya tiene la respuesta.
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD?
Después del enfrentamiento entre agricultores de Texcaltitlán e integrantes del Cártel de la Familia Michoacana, quienes se rebelaron violentamente en contra de este grupo delincuencial -que costó la vida de once delincuentes y tres agricultores-, el presidente López Obrador sólo acertó a decir que “la extorsión se combate entre todos”.
Utilizar los recursos del Estado Mexicano para pacificar al país es una obligación del gobierno y no una decisión a criterio de quien gobierna. Por tanto, no puede renunciar a esta obligación. “Abrazos … no balazos” como política de estado, es una violación flagrante de nuestra Constitución.
Ha sido imposible frenar el crecimiento de los grupos delincuenciales, que se encuentran plenamente identificados por los pobladores de cada zona del país.
Detrás de cada muerte violenta -así como de cada desaparición forzada- hay una tragedia familiar, frente a la cual se da una ofensiva insensibilidad gubernamental.
¿A Usted qué le parece?
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