La justicia negada en México

En los últimos años se ha registrado en el país un aumento vertiginoso del número de desapariciones y asesinatos en el contexto de la crisis de la seguridad pública y la violencia del crimen organizado. La escasa información disponible dificulta conocer en que magnitud funcionarios del estado podrían haber jugado un papel en estos crímenes, y por lo tanto si estos conforman violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, es claro que el derecho a la verdad y la justicia ha sido negada a la gran mayoría de familias de las víctimas.
Según diversas organizaciones, en México sigue sin conocerse el paradero de aproximadamente 3.000 personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante la persistente crisis de la seguridad pública.
La reiterada ausencia de investigaciones sobre estos casos ha llevado a muchas familias a ponerse en peligro de sufrir represalias por buscar la verdad.
De acuerdo a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en los últimos años ha habido un marcado aumento en los asesinatos de periodistas, activistas y migrantes.
Las medidas tomadas para proteger a algunos de los grupos más vulnerables ante la violencia se han mostrado insuficientes. La reciente aprobación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas supone una oportunidad para combatir los crímenes contra quienes se dedican a informar o proteger derechos humanos. Sin embargo, para que esto realmente suceda es necesario que el Mecanismo de Protección cuente con recursos adecuados y una implementación con la participación de la sociedad civil. Es necesario además garantizar la investigación de los crímenes para poner fin a la impunidad.