El 16 de abril de 2013 en Austin, Texas, comenzó el juicio contra José Treviño Morales, Francisco Antonio Colorado Cessa, Fernando Solís García, Eusevio Maldonado Huitrón y Jesús Maldonado Huitrón, cinco de los 14 acusados por el Gobierno de Estados Unidos por operaciones de lavado de dinero para Los Zetas con un lucrativo negocio de cría de caballos de carreras.
El primer testigo oficial fue un analista de inteligencia del FBI con 34 años de experiencia en grupos criminales, sobre todo en la frontera norte de México. Uno de los dos fiscales le preguntó si ubicaba el símbolo de “Hecho en México”. El agente explicó que los grupos criminales lo usaban –con variaciones– como forma de identificación. El fiscal reformuló: quiso saber si Los Zetas lo utilizaban.
—Sí, lo hacen.
La pregunta no parecía casualidad. Uno de los dos tatuajes del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, el “Z-40”, es un sello de “Hecho en México” que lleva estampado en el cuello.
La organización de Los Zetas nació en México a finales de los años 90 como un brazo armado del Cártel del Golfo. Los primeros integrantes fueron una treintena de desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, un cuerpo entrenado en combate al narcotráfico y la guerrilla mediante el duro curso de adiestramiento Kaibil, la élite militar de Guatemala. Esta formación se reflejó en los violentos episodios —como las masacres de Allende, Chihuahua, y San Fernando, Tamaulipas,— con los que marcaron al país entre 2011 y 2015, cuando controlaron buena parte del territorio, según consigna el informe “En el Desamparo”, de El Colegio de México. El crecimiento del cártel fue tal, que llegaron hasta Colombia, Guatemala y Perú.
Para rastrear la presencia de Los Zetas y su influencia en el panorama delictivo de Colombia y la región, Quinto Elemento Lab revisó un centenar de informes, expedientes y reportes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a partir de una filtración de más de 13 millones de documentos a la que tuvo acceso junto con otros 31 medios de todo el mundo, dentro del proyecto “NarcoFiles: el nuevo orden criminal” liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Este reportaje, fruto también de la revisión de reportes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, registros de juicios en cortes estadounidenses, solicitudes de información y entrevistas con expertos y autoridades, arroja nueva luz acerca de la expansión continental de Los Zetas por medio de alianzas transnacionales. En particular esta investigación encontró información novedosa sobre organizaciones y representantes en Colombia que se relacionaron con Los Zetas, y devela algunas de sus estrategias y rutas de exportación de cocaína desde ese país hacia México y Estados Unidos.
La investigación también documenta la marca cultural de Los Zetas, al exponer la existencia de cuando menos siete bandas que operan en Colombia usando referencias al grupo criminal o a México, aunque sólo dos ellas sí tuvieron vínculos con Los Zetas mexicanos.
Este trabajo cobra especial valor ante el hermetismo actual de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de México acerca de la presencia de grupos criminales dentro y fuera del país.
El outsourcing criminal
La irrupción violenta de Los Zetas en Guatemala en 2009 es un episodio más que conocido. La masacre de 27 campesinos de la finca Los Cocos, en Petén, donde Los Zetas dejaron mensajes escritos con sangre en las paredes, fue un parteaguas por la crueldad que remitía a los horrores de las dictaduras militares en ese país.
Carlos Menocal recuerda bien aquella época. El periodista que saltó desde la sociedad civil al gobierno de Álvaro Colom fue el encargado desde el Ministerio de Gobernación de enfrentarse a Los Zetas cuando entraron a Guatemala. Lo inédito, hasta ahora, es que durante aquellos años álgidos su experiencia contra Los Zetas derivó en un llamado de auxilio inesperado desde Perú.
“Álvaro Colom y el Gobierno de Perú sostuvieron una reunión bilateral y el presidente peruano le externó la preocupación sobre la presencia de Zetas en el Perú. El presidente [Colom] me nombró coordinador para hacer una misión allá y explicarles la dinámica de este grupo delictivo. Para que tenga la noción de hasta dónde avanzaron en ese momento”, relata Menocal en entrevista.
La experiencia en Colombia fue distinta. Los Zetas llegaron para transportar directamente la cocaína, indica un informe desclasificado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Enviaron representantes y formaron alianzas con actores y grupos locales.
El representante más importante de Los Zetas en Colombia fue Irineo Romero Sánchez, alias “El Mexicano”, detenido durante 2017 en Bogotá, y posteriormente extraditado a Estados Unidos. La Fiscalía General de la Nación de Colombia y la DEA determinaron que “El Mexicano” trabajaba con Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, líder del “Clan del Golfo”, quien se encargaba de brindar “seguridad a los mexicanos cuando vienen a Colombia y, además, son sus grandes socios”. Úsuga también sería extraditado a Estados Unidos, donde en 2023 recibió una condena de 45 años de prisión por tráfico de narcóticos.
Conocidos también como las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” o “Clan Úsuga”, el “Clan del Golfo” es la banda criminal más grande de ese país. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) calculaba en 2017 que estaba integrada por mil 900 personas y operaba en 107 municipios.
Los Zetas también formaron alianzas con compradores locales de narcóticos a gran escala, explica en entrevista Juan Alberto Cedillo, periodista mexicano y autor de Las Guerras Ocultas del Narco. Alianzas que, Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la FIP, interpreta como una relación comercial de beneficio mutuo, “pero teniendo claro que el actor más poderoso son las organizaciones mexicanas”.
Esta investigación identificó a cinco personajes clave de Colombia poco conocidos que colaboraron con Los Zetas en operaciones de lavado, proveyendo cocaína o ayudándoles a moverla a Estados Unidos en aviones o submarinos.
Uno de ellos es Ayman Saied Joumaa, ciudadano colombo-libanés que ingresó en 2011 a la Lista Kingpin del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un registro de extranjeros con un rol importante en el tráfico internacional de estupefacientes.
Además de proveer cocaína, Saied dirigía un sofisticado sistema de lavado de dinero: en la Ciudad de México recibía de Los Zetas las ganancias por la venta de droga y las blanqueaba. Cinco días después —y tras el cobro de una comisión de entre el 8% y 14%— repartía el dinero a proveedores de cocaína en Venezuela y Colombia. Los documentos estiman que Saied proporcionó 85 toneladas de coca a Los Zetas entre 2005 y 2007 que pasaron por Honduras, Guatemala y México hasta los Estados Unidos.
Otros enlaces fueron Segundo Alberto Villota Segura y su socio Fernaín Rodríguez Vázquez, ambos incluidos en 2014 la Lista Kingpin por su relación con Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con una declaración de Adam J. Szubin, entonces Director de la Oficina de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Villota, quien trató de hacerse pasar por guerrillero para evitar la extradición, movía junto con sus socios cerca de 100 toneladas de cocaína al año, muchas de las cuales llegaban a Estados Unidos con la logística de Los Zetas.
Menos conocida aún es la alianza con Omar Yesid Triana Medina, alias “Compadre”, quien enfrenta al menos tres cargos por narcotráfico en una corte de Texas. Un proceso de extinción de dominio en Colombia documenta que, en tres ocasiones entre 2010 y 2012, autoridades estadounidenses incautaron a Los Zetas miles de dólares y cocaína marcada con logotipos de “Texaco” que fue enviada por Triana desde Colombia a Estados Unidos, vía Guatemala y México. Algunos de estos envíos se hacían en submarinos, pero no siempre salían bien, como uno que naufragó en 2010 frente a Costa Rica con 1.2 toneladas de coca.
Otro juicio en Texas, de 2016, revelaría un gran fracaso logístico al que se enfrentaron Los Zetas. Jaime Gonzalo Castiblanco Cabalcante, alias “Chalo”, fue uno de 27 objetivos colombianos acusados en Estados Unidos de traficar drogas desde una organización basada en Bogotá, según la orden de extradición 3394.
En el proceso donde fue juzgado con otros tres hombres se indica que en diciembre de 2007, Castiblanco Cabalcante, proveedor de cocaína de Los Zetas, cerró un trato por 7.9 millones de dólares para mover por aire más de una tonelada del polvo blanco desde Colombia a Estados Unidos, pasando por Guatemala y México. Pero la aventura fracasó.
El 20 de diciembre, el bimotor Aerocomander 680 de matrícula panameña HP-1607 con el que pretendían trasladar la cocaína fue descubierto por la Fuerza Aérea Colombiana, que destruyó la avioneta tras aterrizar en una pista clandestina.
“Nos quedamos sin Navidad”, contaría después Piñeda, el piloto, en una llamada intervenida. Castilblanco Cabalcante tuvo que viajar hasta Matamoros, Tamaulipas, para intentar “suavizar” la situación. En represalia por la operación fallida, Los Zetas lo mantuvieron secuestrado durante tres meses.
Estos casos documentados ejemplifican las relaciones comerciales transnacionales que tendieron Los Zetas, pero también el papel que los grupos mexicanos ejercieron frente a sus contrapartes colombianas.
Entre los miles de correos y documentos filtrados no es posible conocer si actualmente hay Zetas (no imitadores) en Colombia. El más reciente es de diciembre de 2016, cuando autoridades colombianas descubrieron “una compleja operación de ocultamiento de cocaína en boyas de amarre para buques”, casi 2 toneladas valuadas en más de 100 millones de dólares, pertenecientes a Los Zetas.
Un informe de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio también advierte que un remanente de Los Zetas, el Cártel del Noreste, podría mantener negocios con el “Clan del Golfo”.
Lo que sí es claro es que la influencia del nombre de Los Zetas ha provocado tal impacto cultural en Colombia, que se mantiene vigente hoy en día.
Los otros Zetas de Colombia
Son las 4 de la tarde del 23 de septiembre del 2019 en Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó, 230 kilómetros al sur de la frontera con Panamá y el selvático tapón de El Darién. Afuera de la cárcel local de Anayancy flotan un globo verde y uno rojo con una bandera de México: es cumpleaños de un preso conocido como “Pirulo”, uno de los 98 integrantes del grupo criminal autodenominado “Los Mexicanos” o “Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas (FARM)”.
Más tarde circularía por WhatsApp la foto de los globos y otra de “Pirulo”, posando de perfil con un rifle de madera frente a una bandera mexicana pintada en una pared. Sobre la imagen se lee la frase: “Somos mexicanos too Urabeño y too el que se vire los vamos a matar”.
Ni “Pirulo” ni Armando Robledo Moya, alias “Chema” —fundador de la banda y fanático de la narcoserie “El Señor de los Cielos”—, ni los demás integrantes son mexicanos, aunque se hagan llamar así.
Tampoco “Los Z” o “Locos de México”, una de las facciones de esta agrupación detectada por las investigaciones de la Fiscalía General de Colombia, que lo mismo grafitean el nombre en paredes de viviendas en barrios bajos que lo usan para firmar extorsiones en panfletos.
“Los Mexicanos”, “Los Z”, “M-Zetas”, “Z Gaitanistas”, “Los Zetas” o “Mafia Sinaloa” son algunos de los nombres con los que se han hecho llamar grupos criminales colombianos. Los informes de campo e investigaciones de la Fiscalía filtrados en los NarcoFiles dan cuenta de la variedad de ilícitos que cometen y sus conexiones o alianzas con grupos más grandes. La mayoría de las bandas tiene una estructura local. Solo una se relaciona con un gran proveedor de cocaína de Los Zetas mexicanos, y otra más les proveía directamente, según se deduce de los documentos analizados.
Guadalupe Correa, experta en temas de delincuencia organizada, profesora en la George Mason University y autora del libro Los Zetas Inc, señala que, aunque Los Zetas ya no mantienen su influencia en México, para estas bandas colombianas “es mejor llamarse Zetas para conservar la marca”.
“Es un estatus como de infundir temor, porque claro: en Colombia lo que se conoce muy bien es la capacidad violenta de los [grupos] mexicanos, entonces de alguna forma esto como que le sube el estatus, es una forma de tratar de ganar relevancia”, explica Andrés Preciado.
Las bandas que replican a Los Zetas o usan referencias mexicanas se encuentran en los departamentos de Chocó, Tolima, Antioquia, Valle del Cauca y Putumayo, cuatro de ellos con presencia de cultivos de coca, según información del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización de las Naciones Unidas.
En Quibdó, del departamento de Chocó, “Los Mexicanos” y la facción de “Los Z” han sido investigados por los delitos de lesiones, terrorismo, homicidio y venta de drogas cometidos en casi la mitad de los barrios la ciudad. Pero su principal actividad es la extorsión: los datos de la Fiscalía de Colombia arrojan que entre 2020 y 2021 el grupo participó en 248 casos.
Usan banderas mexicanas o referencias a Los Zetas en panfletos donde a cambio de una “cooperación” prometen no convertir en “objetivo militar” a la persona o su familia. “Que Dios tenga piedad de ustedes porque nosotros no”, “México: llame urgente, plata o plomo” o “somos las fuerzas armadas mexicanas”, son algunas de las frases que se repiten en los volantes que han quedado como prueba en un grueso informe de la Fiscalía. Las cuotas registradas en las investigaciones de 2021 iban de los 20 millones de pesos colombianos (poco más de 107 mil pesos mexicanos o 5 mil 300 dólares al tipo de cambio de entonces) hasta los 100 millones de pesos colombianos (unos 541 mil pesos mexicanos).
En noviembre de 2020 el periódico colombiano El Tiempo publicó una entrevista con Rafael Guarín, Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional del entonces presidente Iván Duque. Guarín refirió que bandas como “Los Mexicanos” de Quibdó eran, en realidad, colombianos que empleaban referencias culturales para atemorizar.
La estrategia de amenazas por medio de panfletos también es replicada por “Los Z” de Segovia y Remedios, municipios de Antioquia, según cuenta el informe “Situación de Líderes, Lideresas, Defensores/as de Derechos Humanos en Antioquia 2018”.
La sistematización de los reportes analizados permitió ubicar en el Valle del Cauca, específicamente en Zarzal, a un grupo llamado “Los Zetas” dedicados al tráfico de marihuana y cocaína. Y en Tolima, una región montañosa entre Medellín, Cali y Bogotá, se encontró a los “M-Zetas” y “Los Z Gaitanistas” o simplemente “Los Z”.
Para la Fiscalía los “M-Zetas” son una organización tipo B, un grupo de relevancia regional. En cambio, “Los Z Gaitanistas” —una banda de menos de 30 personas— son uno de los 15 objetivos de la Estrategia Contra Tráfico de Estupefacientes en Tolima. Múltiples expedientes documentan sus nexos con el “Clan del Golfo”, el histórico proveedor de cocaína de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.
Andrés Preciado, de la FIP, reflexiona acerca de la mirada cultural hacia los grupos criminales mexicanos: “Creo que hay admiración del lado colombiano hacia el poder de las organizaciones mexicanas, que antes era al contrario. Por eso vas a encontrar que hay una banda que se llama ‘Los Mexicanos’ pero no tienen nada que ver. Incluso hay una organización que se llama ‘Los Sinaloa’, que no tenía nada que ver con el cártel, sino que al tal comandante le decían ‘Sinaloa’”.
Se refiere a “Mafia Sinaloa”, un grupo del narcotráfico liderado por Pedro Oberman Goyes Cortés, antiguo miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinado en 2019. Una amplia carpeta que reúne el contexto de esta organización indica que, además de relacionarse con cárteles brasileños, europeos y la Mafia de Albania, “Mafia Sinaloa” tenía alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
Una presencia (des)actualizada
Resulta difícil estimar, al menos con información del Gobierno de México, cuál es la situación actual de Los Zetas u otros cárteles mexicanos dentro y fuera del país. El hermetismo de las autoridades se refleja en la falta de respuestas a la mayoría de las 24 solicitudes de información que para este reportaje se dirigieron a la Fiscalía General de la República y las secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena).
En las pocas respuestas se encontró evidencia de la falta de información fidedigna respecto a la presencia de Los Zetas en el exterior. En un informe de 2020 disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Embajada de México en Colombia expuso que Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa tenían presencia en aquel país. Incluso elaboró un mapa donde ubicaba a Los Zetas en tres puntos: la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander —en la frontera oeste con Venezuela—; en Antioquia, en las regiones del Bajo Cauca y Urabá; y en el Valle del Cauca.
Pero su reporte, confirmó una nueva solicitud de información realizada por Quinto Elemento Lab, en realidad estuvo basado en 17 fuentes de internet, la mayoría notas de la prensa colombiana y un par de informes de organizaciones civiles.
En contraste, una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, un organismo autónomo de Colombia, indica que “entre 2018 y 2019, múltiples operativos ejecutados en Sibaté [cerca de Bogotá] han desmantelado centros de producción de cocaína ligados a cárteles mexicanos”. Y un expediente de extinción de dominio fechado en 2022, también incluido en los NarcoFiles, expone que el “Clan del Golfo” —histórico aliado de Los Zetas y del Cártel del Noreste— ayuda a cárteles mexicanos en el control de cultivos propios de coca en Urabá, Valle del Cauca, Cauca, Tumaco y Putumayo.
En el caso del resto de los países, la SRE confirmó vía transparencia que sí cuenta con mapas —hasta 2022— donde documentan la presencia de grupos del narcotráfico mexicanos en el mundo, pero clasificó la información bajo el argumento de posibles riesgos a la seguridad nacional y porque “también afectaría el grado de confianza, buena fe y la calidad de la relación diplomática con los Estados Unidos de América”. Por otra parte, SSPC, Sedena y Semar declararon que no está dentro de sus facultades el realizar mapeos nacionales o internacionales de grupos criminales mexicanos.
A nivel nacional existen pistas que dejan entrever que Los Zetas han seguido operando, aunque no en los niveles de sus años de apogeo. Hasta 2019 la agencia privada de inteligencia Stratfor detectaba actividad de Los Zetas en México, al igual que la Fiscalía General de la República, que los limitaba a Tamaulipas, según una respuesta disponible en la PNT. Y vía transparencia la Unidad de Inteligencia Financiera respondió a Quinto Elemento Lab que también en 2019 congelaron 222 cuentas bancarias de Los Zetas por un total de 5 millones 698 mil 969 pesos.
A mediados de 2023, El Universal elaboró una base de datos y un mapa del crimen organizado en México con información disponible en los correos electrónicos de la Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya. Aunque en las solicitudes de información hechas para esta investigación ni la Sedena ni la Semar admitieron tener información que cartografiara a cárteles en el país, el área de transparencia de la Secretaría de Marina sugirió considerar como “información oficial” los datos del mapa de El Universal.
Esta base de datos con información de la Sedena confirma —hasta 2022— que en el país todavía operan Los Zetas y sus escisiones Sangre Nueva, Vieja Escuela, 35-Z, Pura Gente Nueva o el Cártel del Noreste. No son, de lejos, la organización principal en un escenario nacional dominado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero los datos muestran que las células de Los Zetas tienen presencia en 185 municipios de 14 estados, 60% concentrados en Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. Y en 7 de cada 10 municipios no conviven con otro grupo criminal.
La académica Guadalupe Correa destaca que la falta de dependencia de Los Zetas de una gran estructura criminal —la misma condición por la que se expandieron a tal velocidad en la década pasada— es la que les ha permitido seguir existiendo. “Ya no existen como organizaciones cohesionadas; se han atomizado en varias escisiones”, los describe un reporte de la agencia Lantia Intelligence. Fragmentados, pero vivos. Como “células complejas adaptativas”, dice Correa.
Tras lo vivido en Guatemala, con masacres y una huella de violencia muy difícil de borrar como ocurrió en México, para el exministro Carlos Menocal la actualidad de Los Zetas es mucho más simple: que no tengan una presencia significativa no basta para decir que ya no existen.
