La campaña para los comicios presidenciales de mayo en Colombia sigue girando alrededor de las intenciones electorales del mandatario saliente Alvaro Uribe, mientras cada vez son más las voces que reclaman la falta de equidad entre los candidatos y piden un debate de fondo.
La pregunta sobre si el presidente conservador Alvaro Uribe, quien llegó a la presidencia por primera vez en 2002 y fue reelecto en 2006 tras una reforma constitucional, podría ser nuevamente candidato copa las discusiones.
A diario, la prensa se entrega a toda clase de elucubraciones, en particular sobre si la Corte Constitucional validará una ley de referéndum sobre la posibilidad de un tercer mandato presidencial consecutivo, y sobre si esta consulta podrá realizarse antes de la elección, prevista para el 30 de mayo.
Y si este abogado de 57 años que cuenta con una popularidad de más del 60% pudiese ser candidato, la pregunta que surge es si lo desea realmente.
Desde que sus partidarios propusieron en 2008 organizar ese referéndum, el presidente ha eludido expresar claramente su intención, diciendo que su respuesta dependerá de “la Corte Constitucional, el pueblo y Dios”, e incluso confesando que sufre una “encrucijada del alma”.
Sin embargo, esta semana anunció que el canal institucional (televisión estatal) dejará de difundir los consejos comunales que realiza cada sábado para respetar la equidad necesaria en caso de que optase por un tercer mandato.
“Uribe es candidato desde el momento en que le dio apoyo en el Congreso al referéndum”, dijo a la AFP Rafael Pardo, postulado a la presidencial por el opositor Partido Liberal, de centro-izquierda.
La decisión de suspender la transmisión de los consejos comunales “es sólo una muestra más de que así es”, subrayó.
Para Pardo, el cese de esas emisiones es insuficiente. “El respeto a la ley de garantías electorales sería que diga abiertamente que es candidato, y que suspendiera los giros de plata a sus aliados, que dejara de usar el presupuesto de acción social para sostener a sus aliados”, aseveró.
También el candidato Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, denuncia que “Uribe usa el presupuesto público para la campaña”, sostiene que la “Constitución prohíbe su candidatura” y asegura que el país “sufre un inmenso quiebre democrático”.
“La Constitución prohíbe a un presidente ser candidato después de dos mandatos. El tenía que haber esperado la reforma constitucional para ser candidato”, insistió Petro a la AFP.
En su propio campo, la candidata conservadora Noemí Sanín, sin criticarlo abiertamente, señala que el problema no es si se transmitirán los consejos comunales, sino que todos los aspirantes tengan un acceso igualitario a la televisión.
El ex-secretario de prensa de la presidencia Ricardo Galán, en cambio, considera que el debate es estéril, simplemente porque según dijo a la radio RCN, “la ley de garantías no rige porque el presidente no es candidato”.
Y por encima de estas consideraciones, ningún debate parece desarrollarse realmente en cuanto a las opciones que se presentarán: continuación de una política económica liberal y de la estrategia militar para enfrentar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas, con entre 6.000 y 10.000 combatientes) o una ruptura con esas orientaciones.
“Colombia ocupa desde el año pasado el primer lugar de desigualdad social en América Latina, y de esa desigualdad mayúscula derivan los problemas de violencia y narcotráfico”, apuntó Petro. “La sociedad debería estar discutiendo este tipo de problemas, pero estamos discutiendo la reelección”, lamentó.
