El desprecio que manifiesta el presidente López Obrador por la experiencia profesional y el conocimiento no es entendible. En un mundo que tiende a la especialización, este gobierno ha privilegiado la improvisación.
Desde hace por lo menos tres décadas los grandes expertos globales en administración -como Peter Drucker- ya hablaban de que el mundo evoluciona hacia “la sociedad del conocimiento”. Esto quiere decir que ante la complejidad de un mundo dominado por la tecnología el conocimiento se convierte en una herramienta de control indispensable para alcanzar la eficiencia.
Equiparar la experiencia con mañas y corrupción es inaudito. Sin embargo, cuando una opinión personal -como las expuestas por el presidente López Obrador- se integra al planteamiento legislativo, empiezan los riesgos.
Él ya ha declarado que ve con buenos ojos la conveniencia de eliminar de entre los requisitos actuales para ser juez o magistrado el tener cinco años de experiencia en el ámbito judicial. Él vería bien que esta condicionante ya no constituyese una restricción.
Hoy más que nunca se requiere de blindar a los juzgados y magistraturas para que no sean infiltrados por gente poderosa e influyente movida por intereses personales y peor aún, por la delincuencia organizada.
La reforma judicial debería estar considerando endurecer los controles para impedir la llegada de funcionarios, -o sea jueces, magistrados o ministros-, susceptibles de ser corrompidos, o faltos de carácter frente a las presiones y amenazas de las mafias del poder.
Debiese estarse considerando la posibilidad de poner nuevos requisitos, como son estudios proyectivos -propios de la psicología clínica- para evaluar valores morales, fortaleza de carácter, convicciones y otras condicionantes que deben cumplir los impartidores de justicia para aplicar la ley sin más consideraciones que lo moralmente correcto. Sin embargo, la iniciativa presidencial va en sentido contrario: la relajación de los controles, con lo cual cualquier persona -incluso con malas intenciones- puede acceder a un cargo para impartir justicia.
En un mundo donde hay crisis de valores morales y un país que se está volviendo “amoral” y excesivamente pragmático, el daño para México de la iniciativa presidencial -en el tema de justicia- puede ser un factor de desestabilización social y decadencia.
Lo peor es que él mismo no es capaz de dimensionar el alcance destructivo de sus ideas. Su visión simplista de la realidad cotidiana no tiene más que dos explicaciones: o es un ideólogo desconectado del mundo real -que no alcanza a dimensionar que las oportunidades generan la corrupción y los delitos-, o en el extremo opuesto, una perversidad sin límites.
El tiempo no tardará en decirnos realmente quien gobernó este país durante este sexenio.
Evidentemente la preselección -según la presente reforma judicial- seguramente llevará “mano negra” y se seleccionarán jueces y magistrados recomendados de la 4T que garanticen incondicionalidad al gobierno en turno. Entonces veremos casos como el de la ministra de la SCJN Lenia Batres, quien ha descuidado sus funciones inherentes al cargo que tiene como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para viajar por todo el país como promotora de la iniciativa presidencial para la reforma del Poder Judicial. Seguramente muchos casos estarán retrasándose en su oficina porque la ministra está ocupada haciendo política en lugar de impartir justicia como es su responsabilidad.
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