Los legisladores de Arizona enmendaron la polémica ley migratoria que desató un debate a nivel nacional, un giro destinado a refutar las acusaciones de que promueve la discriminación racial, pero sin restarle el poder a la Policía para confirmar la residencia legal en el país, confirmaron el viernes fuentes oficiales.
La polémica ley de inmigración aprobada por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer la semana pasada enmendó una parte que abría la posibilidad a que la Policía detuviera a cualquier transeúnte en la vía pública para pedirle documentos que confirmen su condición migratoria.
Tras las modificaciones, la oposición a la ley estimó que se trata de modificaciones irrelevantes puesto que la esencia que indignó a la comunidad latina siguen allí: la Policía puede confirmar la situación migratoria de las personas en el país en base a “sospechas razonables”.
El proyecto de ley original promulgado hace una semana por Brewer decía que la Policía podía determinar el estatuto migratorio de una persona durante cualquier “contacto con la autoridad”.
Ahora establece que un individuo será cuestionado sobre su legalidad en el país después de que “sea parado, detenido o arrestado”, lo cual supone que la Policía debería hacer estos interrogatorio solo en una situación de presunto delito.
Otro cambio en el texto de la ley es que decía que las autoridades del estado “no pueden únicamente considerar la raza, el color o el origen de nacionalidad al implementar los requerimientos” de esta legislación.
En la nueva versión borraron la palabra “únicamente” para prohibir a los oficiales que se use la raza como un motivo para aplicar la ley.
Un portavoz de la gobernadora Brewer insistió que los cambios dejan claro que el prejuicio racial es ilegal.
“La raza no puede ser considerada de ninguna manera como motivo para ningún tipo de arresto. Deja perfectamente claro que no hay potencial para el abuso”, dijo el portavoz de la gobernadora a la AFP.
Pero los activistas de los derechos civiles dijeron que los cambios no garantizan que no se aplique el prejuicio racial con esta ley.
“Solo porque la legislación dice que el prejuicio racial no está permitido, no es que no vaya a pasar”, dijo a la AFP el director legal de la Unión por los derechos Civiles de America (ACLU) Dan Pochoda.
“De hecho existen algunas prohibiciones en el papel que no garantizar un cambio en los resultados. Nosotros sabemos que ya hay algunas autoridades en Arizona que usan el prejuicio racial como parte de sus tácticas para escoger” a los sospechosos, dijo Pochoda.
