Por Redacción 17 de diciembre de 2025
En el laboratorio político que es Nuevo León, donde el marketing digital a menudo pesa más que la trayectoria legislativa, se está gestando un fenómeno que amenaza con distorsionar el verdadero significado de la paridad de género. Se trata de la informalmente llamada Ley Esposa, una tendencia —y posible reforma fáctica— que busca asegurar que, ante la imposibilidad de reelección o por estrategia de marca, sean las cónyuges de los actuales mandatarios quienes ocupen las candidaturas clave en el proceso electoral de 2027.
Lo que en el discurso oficial se vende como «tiempo de mujeres» y empoderamiento femenino, bajo la lupa del análisis crítico revela matices preocupantes de nepotismo y cacicazgo moderno. No es un secreto que los partidos políticos en el estado, tanto el oficialismo naranja como la oposición tradicional, están midiendo la popularidad de las parejas de sus líderes para perpetuar el control territorial. A continuación, desglosamos los cinco peligros fundamentales de normalizar esta práctica que confunde el matrimonio con la meritocracia. (La Ley Esposa es casi idéntica a la Ley Gobernadora de SLP)
1. La privatización del poder público
La premisa oculta detrás de la Ley Esposa es tratar a los cargos públicos como si fueran activos patrimoniales de una familia. En una democracia sana, el poder se gana individualmente y se ejerce temporalmente. Sin embargo, en Nuevo León parece instalarse la idea de que la alcaldía o la gubernatura «pertenece» al apellido, y si el marido no puede seguir, la esposa es la heredera natural para cuidar el negocio.
Esta lógica dinástica es peligrosa porque anula la rendición de cuentas. Si la candidata llega al poder impulsada únicamente por la estructura y el dinero de su esposo, ¿a quién le debe lealtad? ¿A la ciudadanía que votó o al cónyuge que la puso ahí? Se corre el riesgo de tener «gobiernos bicéfalos» donde quien toma las decisiones reales no es quien aparece en la boleta, sino quien opera desde la sombra, burlando así los límites constitucionales de la no reelección.
2. El desplazamiento de las verdaderas militantes
Quizás el daño más tangible de la aplicación de la Ley Esposa lo sufren las propias mujeres que han dedicado su vida a la política. Nuevo León cuenta con cientos de activistas, legisladoras, abogadas y líderes comunitarias que llevan años «picando piedra», formándose y construyendo una carrera propia basada en méritos y capacidad.
Cuando los partidos deciden, por dedazo y conveniencia electoral, otorgar la candidatura a la esposa del alcalde o del gobernador, están enviando un mensaje devastador: no importa cuánto te prepares ni cuánto trabajes; lo que importa es con quién estás casada. Esto no es feminismo; es patriarcado reempaquetado. Utilizan las cuotas de género obligatorias por ley no para impulsar a los mejores cuadros femeninos, sino para cumplir el requisito legal manteniendo el poder en el mismo núcleo familiar masculino. Es una simulación que bloquea el ascenso de nuevos liderazgos genuinos.
3. La confusión entre popularidad y capacidad de gobierno
El fenómeno de las redes sociales en Nuevo León ha sido el caldo de cultivo perfecto para la Ley Esposa. Figuras como Mariana Rodríguez han demostrado que el carisma y los seguidores en Instagram se traducen en votos. Sin embargo, gobernar un estado industrial o una metrópoli compleja requiere mucho más que likes y buenas intenciones.
Al impulsar candidaturas basadas en la relación conyugal y la popularidad mediática, se trivializa la administración pública. Se nos pide votar por una «pareja presidencial» o «pareja municipal» idealizada, desviando la atención de los graves problemas de seguridad, agua y movilidad que enfrenta la entidad. La Ley Esposa apuesta a la emotividad del electorado («vota por ella porque es la cara amable de él») en lugar de fomentar un debate serio sobre propuestas y capacidades técnicas para resolver crisis.
4. El riesgo de impunidad y encubrimiento
Uno de los incentivos más perversos para promover la Ley Esposa rumbo al 2027 es la protección de las espaldas. Cuando un mandatario termina su gestión, lo natural en una democracia es que se sometan sus cuentas a revisión. Pero si quien lo sucede es su propia esposa, la probabilidad de una auditoría real y objetiva se reduce a cero.
Esta continuidad forzada garantiza un pacto de impunidad doméstica. Es ingenuo pensar que una administración encabezada por la pareja del antecesor investigará a fondo los desfalcos o irregularidades de la gestión familiar. Así, la alternancia, que sirve para limpiar las instituciones y sacar la basura de debajo de la alfombra, se ve obstaculizada. El poder absoluto no solo corrompe absolutamente, sino que busca perpetuarse para evitar el castigo, y usar a la familia es la forma más segura de lograrlo.
5. La distorsión de la competencia electoral
Finalmente, la Ley Esposa rompe con la equidad de la contienda. Una candidata que es esposa del gobernante en turno no compite en igualdad de circunstancias. Tiene acceso, directo o indirecto, a la estructura de gobierno, a la exposición mediática oficial y a los recursos (humanos y financieros) de la administración actual.
Esto convierte a las elecciones de 2027 no en una competencia democrática, sino en un trámite de Estado para validar una sucesión dinástica. Los opositores no se enfrentan solo a una candidata, sino a todo el aparato gubernamental volcado en hacer ganar a «la elegida». Nuevo León, que se jacta de ser vanguardia industrial y democrática, retrocede décadas al adoptar prácticas que recuerdan a los cacicazgos rurales del siglo pasado, donde el poder se heredaba como si fuera un rancho.
Conclusión: Una trampa dorada
La paridad de género es una conquista histórica que costó sangre y sudor, diseñada para que las mujeres accedan al poder por derecho propio, para aportar su visión y talento. La Ley Esposa pervierte este noble propósito.
No se trata de negar que una esposa de un político pueda tener talento o derecho a votar y ser votada. Se trata de cuestionar el método y la intención. Si la candidatura surge de la imposición del marido para burlar la ley y retener el mando, entonces no es avance, es retroceso.
Rumbo al 2027, la ciudadanía de Nuevo León debe estar alerta. No todo lo que brilla en redes es oro, y no toda mujer en una boleta representa un avance para las mujeres. A veces, representa simplemente la ambición de un hombre que no quiere soltar la silla. Rechazar la imposición familiar es defender la dignidad de la política y el verdadero mérito ciudadano.
