Por Redacción | 15 de diciembre de 2025 | 19:00
La política en San Luis Potosí atraviesa uno de sus momentos más tensos y definitorios de la última década. Mientras el sexenio avanza, una sombra legislativa y mediática se cierne sobre el futuro democrático del estado: la llamada Ley Gobernadora. Este término, acuñado por la crítica y la oposición, no refiere a un solo artículo en la constitución, sino a una estrategia política integral diseñada, presuntamente, para perpetuar el poder del «Gallardismo» a través de una figura clave: Ruth González Silva.
A menos de dos años de los comicios de 2027, el escenario político potosino parece estar siendo modificado quirúrgicamente. La intención es clara para los analistas: preparar el terreno para que la esposa del actual mandatario, Ricardo Gallardo, no tenga obstáculos legales ni políticos para sucederlo en el cargo.
En este análisis detallado, desglosamos qué es realmente esta maniobra, su viabilidad legal y los riesgos que representa para la alternancia democrática en la entidad.
1. ¿Qué es exactamente la Ley Gobernadora?
Popularmente conocida en los pasillos del Congreso local y en las mesas de café político como la Ley Gobernadora, esta serie de reformas y acomodos legislativos tiene un objetivo central: eliminar cualquier traba burocrática o constitucional que impida la candidatura de familiares directos del gobernador en turno.
Históricamente, las leyes electorales en México han intentado blindar a las instituciones del nepotismo, prohibiendo en muchos casos que cónyuges o parientes en primer grado sucedan inmediatamente al gobernante saliente. Sin embargo, la Ley Gobernadora en San Luis Potosí busca reinterpretaciones legales o reformas a la Constitución del Estado para suavizar estos requisitos de elegibilidad. No se trata solo de «permitir» la candidatura, sino de construir una narrativa de «derecho político» que legitime lo que muchos consideran una reelección disfrazada.
2. Ruth González: La protagonista del guion
Para entender la urgencia de la Ley Gobernadora, hay que mirar a su beneficiaria directa: Ruth González Silva. Desde el inicio de la administración gallardista, su perfil no fue el de una presidenta del DIF tradicional. Su exposición mediática, su presencia en inauguraciones de obra pública y su posterior salto al Senado de la República, fueron los primeros indicios de un plan mayor.
Ruth González ha sido construida como la cara amable del régimen, la extensión natural del poder de su esposo. La Ley Gobernadora es, en esencia, el vehículo jurídico necesario para transformar esa popularidad construida en votos legales. Sin esta ingeniería legislativa, su candidatura podría ser impugnada fácilmente ante tribunales federales por conflicto de interés o inelegibilidad, dependiendo de la interpretación de las leyes locales vigentes antes de las reformas.
3. ¿Es legal o es un «Fraude a la Ley»?
Aquí radica el punto más crítico y espinoso. Técnicamente, si el Congreso del Estado de San Luis Potosí —que cuenta con una mayoría afín al Partido Verde y sus aliados— aprueba las modificaciones pertinentes, la Ley Gobernadora sería «legal» en papel. Tienen los números para cambiar la constitución local.
Sin embargo, la legalidad no siempre implica constitucionalidad ni legitimidad democrática. Expertos en derecho electoral advierten que estas maniobras podrían caer en lo que se conoce como «fraude a la ley»: utilizar los mecanismos legales para obtener un resultado prohibido por el espíritu de la norma, que es la no reelección y la equidad en la contienda. Si la Ley Gobernadora se consolida, estaríamos ante un precedente peligroso donde las familias en el poder legislan para su propio beneficio sucesorio, borrando la línea entre el patrimonio público y el familiar.
4. El peligro de la «Dinastía Gallardista»
La insistencia en la Ley Gobernadora revela una intención de instaurar un maximato regional. Al estilo de viejas prácticas políticas que México creía superadas, el objetivo es mantener el control del presupuesto, la seguridad y la estructura política del estado dentro del mismo núcleo familiar más allá de un sexenio.
La crítica no es por el género de Ruth González —es válido y necesario que las mujeres gobiernen—, sino por la naturaleza de su ascenso. La Ley Gobernadora no empodera a las mujeres potosinas; empodera a una mujer específica que comparte lecho e intereses con el actual gobernador. Esto distorsiona la competencia democrática, pues pone todo el aparato del estado al servicio de una candidatura dinástica, dejando a la oposición y a otros aspirantes internos en una desventaja abismal.
5. El silencio cómplice y la oposición fragmentada
Para que la Ley Gobernadora avance, se necesita algo más que la voluntad del ejecutivo: se requiere una oposición débil. En San Luis Potosí, los partidos tradicionales (PAN, PRI) se han visto mermados y, en ocasiones, cooptados. La falta de una resistencia legislativa firme ha permitido que se prueben los límites de la ley electoral.
Además, a nivel federal, la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum es clave. ¿Permitirá la federación que se instaure este cacicazgo familiar? Hasta ahora, la Ley Gobernadora parece avanzar sin frenos desde el centro del país, lo que sugiere pactos de no agresión política a cambio de gobernabilidad y votos para el proyecto nacional.
6. ¿Qué hacer en los comicios del 2027?
Los ciudadanos de San Luis Potosí se enfrentarán a una elección histórica en 2027. La boleta no solo tendrá nombres, sino que representará un referéndum sobre la Ley Gobernadora y la continuidad del modelo actual.
Lo que el electorado debe cuestionar es si desea validar un modelo de sucesión familiar. La participación ciudadana será el único contrapeso real. Si la Ley Gobernadora logra imponer a Ruth González como candidata oficial, la batalla se trasladará a las urnas y, muy probablemente, a los tribunales electorales federales (TEPJF), quienes tendrán la última palabra sobre si estas modificaciones violan los principios básicos de la democracia mexicana.
La vigilancia ciudadana es vital. Es necesario exigir transparencia en cada reforma que se apruebe en el Congreso local de aquí a 2027. Cada cambio «pequeño» en la ley electoral puede ser una pieza más del rompecabezas de esta imposición.
7. Conclusión: La prueba de fuego para San Luis
La Ley Gobernadora es más que una estrategia electoral; es un síntoma de la salud democrática de San Luis Potosí. Si se concreta, confirmará que las instituciones del estado han sido moldeadas a capricho de una sola familia.
Ruth González tiene derecho a votar y ser votada, pero la ciudadanía tiene derecho a elecciones equitativas y libres de nepotismo estructural. Hacia el 2027, la discusión sobre la Ley Gobernadora debe salir de los círculos políticos y llegar a la calle. Porque al final, no se trata solo de quién se sienta en la silla del gobernador, sino de si esa silla pertenece a los potosinos o a una herencia familiar.
La moneda está en el aire, y la Ley Gobernadora será, sin duda, el tema que definirá el futuro de la región. ¿Permitirá San Luis Potosí la instauración de una monarquía sexenal? La respuesta se construye hoy.
