El tema de la libertad de expresión es urgente definirlo jurídicamente antes de las próximas campañas electorales del 2024.
Dos casos específicos nos dan una llamada de alerta de la necesidad de un análisis profundo, objetivo y no subjetivo.
La interpretación de la difamación como delito no puede ser subjetiva, sino objetiva.
El primer caso que puede servirnos como referencia es la demanda presentada por Tatiana Clouthier en contra del médico, periodista y líder de opinión Alfredo Jalife, argumentando que las declaraciones ejercidas por él en su rol de periodista en contra de ella, por su actuación como funcionaria del gobierno federal, -secretaria de economía-, constituyen difamación, calumnias y lo que resulte.
Las declaraciones de Jalife hacen referencia a su actuación en el ámbito de las negociaciones respecto a la explotación del litio.
Las personas que asumen responsabilidades públicas … ¿No pueden ser cuestionadas por su actuación en el cumplimiento de sus responsabilidades frente al país? … Por tanto, ¿Pueden ser juzgadas las personas públicas igual que los ciudadanos? El sentido común nos guía para entender que no deben ser juzgados con la misma medida.
En el caso específico de las declaraciones de Jalife en contra de Tatiana Clouthier, por la forma en que fueron expresadas podemos considerarlas descorteses, exageradas y con rudeza innecesaria, lo cual no habla bien de él y lo exhibe ante el público. Sin embargo, la esencia de las declaraciones, representan un cuestionamiento a su actuación como funcionaria pública.
Por otra parte, en la “mañanera” del miércoles seis de diciembre el presidente López Obrador destrozó la reputación y el honor de los seis estudiantes que fueron torturados y masacrados por la delincuencia organizada en el Estado de Guanajuato.
El presidente explicó a todo el país, -a través de su “mañanera”-, que estos jóvenes fueron secuestrados al ir a comprar droga en el lugar equivocado.
El presidente reconoció después de haberlos señalado como consumidores de droga que era una apreciación hipotética. Sin embargo, la etiqueta ya fue puesta, lo cual compromete la reputación de cada uno de ellos ahora que ya no viven y no pueden defenderse. Además, lastima a sus familias y amigos. ¿Y la presunción de inocencia?
Que desde la cúspide del poder político de nuestro país se señale a un ciudadano sin sustento de forma negativa, no debe ser considerado como ejercicio de libertad de expresión del presidente, porque este no es un ciudadano común. Él detenta el poder de todo el gobierno federal y prácticamente su influencia es determinante en todo el Estado Mexicano. Por tanto, poner en entredicho la reputación y buen nombre de un ciudadano o de una institución del ámbito civil desde “la mañanera”, es un acto que puede tener consecuencias en la vida cotidiana de los señalados, -e incluso-, ponerlos en situación de riesgo, o por lo menos sujetos al linchamiento mediático y al escarnio público.
El derecho a la libertad de expresión nació como una respuesta para generar contrapeso a favor del ciudadano en contra del ejercicio del poder gubernamental y político. Por tanto, quien gobierna no necesita apelar a este derecho para ejercer la libertad de expresión, porque por sí mismo tiene la capacidad de avasallar a la ciudadanía e imponer su visión y sus intereses por encima de cualquier persona física o persona moral utilizando su autoridad. Hemos sido testigos de ello durante los últimos cinco años.
Es fundamental revisar la legislación referente a la “libertad de expresión” para evitar abusos como los que con toda seguridad se empezarán a ejercer con mayor frecuencia durante la campaña electoral.
Hoy vemos que las campañas electorales no se sustentan en propuestas, sino en actividades de desgaste, que se nutren de la difamación en contra de los adversarios. Al amparo de la libertad de expresión los equipos de los candidatos pueden echar mano de fake news, mentiras y campañas de desinformación que enrarecerán el ambiente y alimentarán aún más la desconfianza ciudadana.
Con difamaciones se puedes descarrilar una campaña electoral, aunque al final se reconozca que no había sustento y se ofrezcan disculpas públicas.
La interpretación jurídica de este derecho, -delimitando sus alcances-, será determinante para proteger la vida democrática de nuestro país.
TRAGEDIA EN TAMAULIPAS
El descubrir la atrocidad sufrida en contra de un grupo de migrantes, -de paso en Tamaulipas-, debiese indignarnos. Los noticieros de televisión, radio y prensa han difundido el testimonio de unos niños migrantes que fueron testigos de la tortura y asesinato de uno de ellos, porque su familia no pudo pagar su rescate. Fue torturado cortándole los miembros en pedacitos, hasta causarle la muerte.
Esto que debiese constituir un gran escándalo, sólo ha merecido convertirse en una noticia más que destaca la gravedad de nuestra crisis de inseguridad. Sin embargo, de ahí no pasa. La indiferencia ciudadana es la que alimenta la indiferencia gubernamental.
El sentido común nos alerta de que, -si recientemente acabamos de descubrirlo casualmente-, es porque ya debe estar siendo una práctica común para presionar emocionalmente a los grupos secuestrados y en proceso de exigir el rescate a los familiares.
Esto que antes era tema de las películas de terror, hoy es parte de la experiencia cotidiana de muchas familias.
El sadismo en contra de las víctimas cada vez es más agresivo.
¿Y todavía este gobierno dice que vamos bien en materia de seguridad?
Es evidente que mientras el presidente encabeza una patriótica defensa de la nación en contra de los “conservadores” y los “neoliberales”, muchas familias mexicanas están viviendo tragedias a manos de la delincuencia organizada, agravadas por la indiferencia gubernamental.
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