En los últimos años ha existido una conversación mayor en torno al financiamiento extranjero que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las causas que esgrimen.
Al ser organizaciones particulares no están exentas de empujar agendas acordes a sus intereses. En Puebla, una ONG pudo haber impulsado un litigio estratégico para que se aplicará una consulta indígena, sin que ésta atienda a cabalidad las necesidades de una comunidad.
El tema se remonta a un proyecto que obtuvo concesiones hace más de una década en el municipio de Ixtacamaxtitlán y donde habitan 25 mil 319 personas. Por su parte, Tecoltémic se ubica al menos a ocho kilómetros de distancia y doscientos metros de altura sobre dicho proyecto y ocupa el número 52 (en cuanto a número de habitantes) de entre las diversas comunidades.
En resumen, una ONG inició un litigio estratégico contra un proyecto que llevaba años de trabajo y actividad en la comunidad de Tecoltémic dentro del municipio de Ixtacamaxtitlán. En el marco del proceso jurídico dio acompañamiento legal para que dicha comunidad se autoderminara como indígena. Por esa razón, la Suprema Corte de la Nación (SCJN) determinó que se realizará una consulta indígena de la Secretaría de Economía.
Si bien el Gobierno federal no es ajeno a la realización de estos ejercicios ciudadanos, aún persisten vacíos normativos en cuanto al derecho de consulta y su aplicación práctica.
Desde 1991, el Gobierno federal firmó y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es el instrumento legal más importante en torno a los derechos mínimos que tienen los pueblos indígenas. Sin embargo, la carencia de una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI) deja espacio para que la naturaleza del instrumento sea esgrimida para empujar intereses particulares.
La Secretaría de Economía aún no ha emitido los pormenores de la Consulta Indígena en Tecoltémic, no obstante esta se podría aplicar únicamente a 100 personas, pues de los 142 habitantes solo 100 personas son mayores de edad.
¿Qué tanto responde dicha situación a los intereses de una ONG? ¿Y qué tanto a la voz de una comunidad?
De las 15 comunidades en torno al proyecto que recibió permiso gubernamental, Tecoltémic se ubica a más de ocho kilómetros y a 200 metros de altura sobre el proyecto.
Es decir, que está fuera de la zona de impacto. Mientras 15 de las comunidades en la región, incluso más cercanas, no se asumieron como indígenas ni se pronunciaron contra el proyecto.
No sería la primera vez que se duda de las acciones de ONGs que operan en México con financiamiento y recursos extranjeros.
Un ejemplo de ello es lo que ocurre en torno al Tren Maya, donde se ha hecho público que existen organizaciones, que han emitido litigios estratégicos, y que han recibido más de 13 millones de dólares en financiamiento desde el extranjero.
JGR
