Los gobiernos deben dar prioridad a los derechos de los pueblos indigenas
El informe analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.
“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos”, ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
“Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre los pueblos indígenas, y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado.”
Internacional, incluyen falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.
En México, por ejemplo, los indígenas wixárikas piden al gobierno que cancele las concesiones mineras para realizar actividades de exploración y explotación en Wirikuta, región del estado de San Luis Potosí que es fundamental para la herencia cultural, las tradiciones y las formas de vida de los wixárikas. Los wixárikas llevan a cabo peregrinaciones y ceremonias tradicionales cada año en Wirikuta, actividades que, en opinión de la comunidad, están en peligro con los proyectos mineros desarrollados en su territorio. Los indígenas wixárikas afirman que no han sido consultados sobre esos proyectos. Aunque el gobierno anunció recientemente la cancelación de algunas concesiones mineras en una pequeña zona de Wirikuta, muchas otras siguen en vigor, y la mayor parte del territorio continúa abierto a las actividades extractivas.
En Ecuador la comunidad indígena de Sarayaku –que se enfrentaba a la posibilidad de perder partes de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no se les había consultado– presentó su reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más alta en la región.
El mes pasado, la Corte falló que Ecuador tiene la obligación de llevar a cabo una consulta adecuada y participativa con la comunidad de Sarayaku, realizada de buena fe, conforme a sus prácticas culturales, y con el fin de llegar a un consenso antes de seguir adelante con un proyecto que puede afectar a su territorio. La sentencia de la Corte sienta un precedente jurídico para otros países de América.
Gobiernos de países de todo el continente americano se han abstenido de controlar la actuación de las industrias extractivas, aunque afecte a comunidades locales.
Desde 2003, la empresa canadiense Goldcorp Inc explota una mina en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la zona viven al menos 18 comunidades indígenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Miembros de la comunidad han denunciado que la mina ha afectado a todos los aspectos de su vida, desde la contaminación que genera hasta desacuerdos en el seno de las familias y hostigamiento de quienes critican el proyecto.
Personas que residen en la zona han denunciado la ausencia de una consulta significativa sobre el proyecto. Según Carmen Mejía, indígena de San Miguel Ixtahuacán, “la empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron […] que iba a tener […] todos estos impactos negativos, […] que iba a generar todo este conflicto”.
“El desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, ha declarado Mariano Machain.
Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos
