Un candidato al Congreso estatal, su esposa y dos hijos fueron asesinados el sábado por atacantes no identificados en Tabasco, estado sureño en la costa del Golfo de México. El procurador estatal de justicia Rafael González Lastra dijo que el candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, José Francisco Fuentes Esperón, de 43 años, fue encontrado sin vida junto a su esposa Lilián Argüelles Beltrán, de 38 años, y sus hijos de 9 y 13 años.
Los homicidios ocurrieron en la casa de Fuentes Esperón en Villahermosa, capital del estado. El gobierno estatal ofreció inmediatamente protección a cualquier candidato que sienta que la requiera; las elecciones locales se realizarán el 18 de octubre.
González señaló en un comunicado que el presidente Felipe Calderón llamó el sábado por teléfono al gobernador de Tabasco Andrés Granier “para expresarle su apoyo y manifestar su decisión de ayudar para investigar el caso hasta el final”. “No existen palabras para poder describir estos hechos. Estamos profundamente consternados, pero a la vez indignados y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias; pero es conveniente decirlo, con toda contundencia”, agregó González.
El comunicado no ofreció información sobre el método o motivo de los asesinatos, pero señaló que fueron realizados “con saña y crueldad inaudita”. Fuentes Esperón fue rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco y era ampliamente conocido en la capital del estado.
Políticos estatales y locales se han convertido crecientemente en víctimas de la violencia que ha costado más de 13.500 vidas desde que México lanzó una ofensiva contra los cárteles de drogas a fines del 2006. También el sábado, el Ejército mexicano informó que cinco sujetos armados y un transeúnte fueron muertos durante un tiroteo ocurrido después de que un grupo de asaltantes abrió fuego contra una patrulla militar en las afueras de la ciudad de Monterrey, en el norte del país. Un atacante y un transeúnte resultaron heridos durante el enfrentamiento, ocurrido el viernes por la noche.
El Ejército acusó a la policía local de proteger a esa banda, a la que le fueron incautadas “10 libretas con diversos nombres de personal de policías que les proporcionaban información y protección”. Los soldados recibieron información de que había sujetos armados en un lago de la localidad. Un comunicado de la 7ma Zona Militar informó que cuando el Ejército envió una patrulla para verificar el reporte, los atacantes, identificados como miembros del grupo de sicarios Los Zetas, abrieron fuego.
“El personal militar en legítima defensa repelió la agresión, resultando cinco presuntos delincuentes muertos y uno más herido”, añade el comunicado. Una persona secuestrada hace un mes fue liberada también como resultado de la operación, añadieron las fuentes castrenses.
El comunicado señaló que los atacantes pertenecían a un grupo que dedicado a los secuestros, extorsiones y venta de drogas en la ciudad de Santiago, donde ocurrió el enfrentamiento, y en zonas aledañas, “atemorizando y sembrando el terror con sus actos violentos a la población… protegidos por malos elementos policíacos”. Agregó que las libretas y otras evidencias, incluidos siete fusiles y dos granadas, serán entregadas al ministerio público.
Más de 45.000 soldados del Ejército mexicano han sido emplazados para ayudar en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
También el sábado, en el estado norteño de Chihuahua, fue encontrada una cabeza humana sobre el capó de un automóvil en la fronteriza de Ciudad Juárez, junto con un mensaje relacionado con bandas de narcotraficantes, reportaron fiscales estatales.
Y la policía municipal de Ciudad Juárez reportó que uno de sus agentes fue baleado fatalmente afuera de su casa a última hora del viernes. Por otro lado, la Procuraduría general de Justicia de la Nación dijo el sábado que instructores de la agencia estadounidense antidrogas habían impartido un curso sobre adicción a drogas y prevención a procuradores de justicia federales y estatales en México.
El curso incluyó instrucciones sobre organización de redadas y otras actividades de procuración de justicia, señaló la procuraduría en un comunicado.
