A pesar de que el Gobierno Federal ha incrementado los operativos en establecimientos de vapeadores y cigarros electrónicos tras prohibir su comercialización y exportación, los esfuerzos no han sido suficientes puesto a que el mercado negro sigue incrementando considerablemente y se han detectado diferentes alternativas para su comercialización.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó en un comunicado que de enero de 2021 a junio de 2022, aseguraron 64 mil 495 piezas de vapeadores en todo el país, sin embargo, la venta ilegal de estos dispositivos se ha disparado a través de redes sociales donde se ofertan a diferentes precios, a domicilio o con un punto medio de entrega.
Incluso se pueden encontrar páginas en las que pueden comprar las boquillas, con diferentes diseños, los vaporizadores electrónicos y los líquidos, pero al venderse de manera clandestina, sin regulación y sin pasar por un control sanitario, los consumidores están expuestos a productos adulterados que podrían poner en riesgo su salud y, a su vez, los pone al alcance de los menores de edad.
En las plataformas consultadas, los vendedores que ofrecen estos dispositivos, sólo publican los productos que venden, pero no dan detalles sobre su calidad y tampoco del lugar de entrega o precios, todo lo hacen vía mensaje directo en Facebook o mediante WhatsApp.
De igual manera, medios nacionales, organizaciones como México Vapeando y expertos como la abogada y periodista Surya Palacios, afirman que el contrabando y la extorsión por parte de la delincuencia organizada están aumentando porque los usuarios buscan la forma de seguir comprando alternativas al cigarro.
Indican que dueños de negocios y proveedores que fueron víctimas de extorsión, son presionados para que dejen de vender vapeadores y de esa manera, apropiarse del negocio para comercializarlos bajo sus condiciones.
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De hecho, se estima que el mercado negro de estos dispositivos genera entre 3 y 5 mil millones de pesos de ganancias ilegales anuales en el país, de acuerdo con la diputada de Morena Eva Galaz Caletti, por lo que pidió a los funcionarios que dejen a un lado la intolerancia y trabajar de la mano para regular estos productos sin humo y de esta manera, desaparecer la venta ilegal y el consumo en menores.
“Les hacemos un respetuoso recordatorio: ningún convenio, por marco que sea, está por encima de los derechos humanos. Le pedimos a los funcionarios que dejen a un lado la intolerancia y la cerrazón. Trabajemos de la mano para desaparecer al mercado negro de esos dispositivos, el cual se estima que genera entre 3 y 5 mil millones de pesos anuales”, aseguró durante el foro “Mitos y realidades del vapeo: ¿hacia dónde debe ir México?”, el pasado 15 de noviembre.
También el senador del PAN y presidente de la Comisión de Economía, Roberto Moya Clemente explicó que, desde el punto de vista económico, con la prohibición de los vapeadores se genera un mercado negro y “todo mundo pierde”, desde los consumidores que adquieren productos adulterados, hasta el Gobierno que pierde dinero en impuestos y persevera el contrabando.
El legislador puntualizó que al no tener una regulación para los productos libres de humo, es más difícil para las autoridades nacionales dar con los vendedores ilegales.
“Queremos evitar el mercado negro porque ahí se ofertan productos nocivos e ilícitos. En la parte más primaria, quien deja de ganar dinero es el gobierno por estar de manera irregular y de contrabando. Si no esta regulado, el mercado negro ni siquiera paga impuestos, no sabemos dónde están ni quiénes son los que venden”, aseveró.
En reiteradas ocasiones expertos han señalado que las leyes prohibicionistas contra estos dispositivos, le quitan a los consumidores adultos que quieren dejar de fumar o continuar con su consumo, la opción de elegir libremente alternativas al cigarro menos riesgosas para su salud, así como fomentan el mercado negro con productos sin control sanitario, aumenta el consumo en los menores de edad.
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Por esa razón, argumentan que implementar una regulación estricta a los vapeadores obliga a la industria a destinarlos únicamente a fumadores adultos, a reportar ingredientes y emisiones de las sustancias de sus líquidos, usar etiquetado con advertencias sobre sus riesgos, además, incentiva el derecho a tomar decisiones informadas sobre su consumo.
JGR
