Raúl Ricardo AlfonsÃn (Chascomús, Buenos Aires, 12 de marzo de 1927 â?? Buenos Aires, 31 de marzo de 2009)[1] fue un abogado, polÃtico, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y Presidente Constitucional de la Nación Argentina desde 1983 hasta 1989
Fue el mayor de los 6 hijos de Raúl SerafÃn AlfonsÃn y Ana MarÃa Foulkes. Su padre era un reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús, una pequeña ciudad de entorno agrÃcola-ganadero a 120 kilómetros de Buenos Aires. Descendiente de españoles por su padre – su abuelo paterno era un inmigrante gallego republicano – y de alemanes por parte de su madre.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San MartÃn, de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Rafael Videla.
Estudió Ciencias JurÃdicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata recibiéndose de abogado en 1950.
En 1949 se casó con MarÃa Lorenza Barreneche (n:1926) con quien tuvo 6 hijos:
* Raúl Felipe AlfonsÃn (n. 1949)
* Ana MarÃa AlfonsÃn (n. 1950)
* Ricardo Luis AlfonsÃn (n. 1952)
* Marcela AlfonsÃn (n. 1953)
* MarÃa Ines AlfonsÃn (n. 1954)
* Javier Ignacio AlfonsÃn (n. 1956)
En 1950 comenzó su actuación polÃtica en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión CÃvica Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario “El Imparcial”.
En 1954 fue elegido concejal en Chascomús, y al año siguiente fue encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión CÃvica Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.
El 17 de noviembre de 1966 durante la dictadura militar del general Juan Carlos OnganÃa fue detenido por un breve tiempo, por haber reabierto el Comité de la Provincia
A partir de la dictadura militar de tipo permanente que instaló OnganÃa, AlfonsÃn estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, como el socialismo dirigido por su amigo Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar, desde la Provincia de Buenos Aires, un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que tendrÃa un considerable impacto en la juventud. En aquel primer núcleo alfonsinista se encontraban Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Germán López, Raúl Borrás, entre otros.
Con la polÃtica prohibida y una situación internacional conflictiva, la juventud progresista argentina se vio frente a la opción concreta de sumarse a la lucha armada. AlfonsÃn rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso social, que adoptaron por entonces algunos grupos católicos, nacionalistas, peronistas y de izquierda, para ofrecer a un amplio sector de la juventud un canal pacÃfico de militancia de centro-izquierda. El alfonsinismo apoyó la consigna â??Elecciones libres y sin proscripcionesâ?, como alternativa a â??Ni golpe ni elección: revoluciónâ?. La actividad polÃtica vedada obligó a AlfonsÃn a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodÃstica: fue columnista de la revista Inédito de Mario Monteverde y escribió artÃculos en otros semanarios bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura. Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja Morada, que habÃan mantenido una militancia activa contra la dictadura miliar, comienzan a acercarse a Raúl AlfonsÃn.[4] Entre aquellos jóvenes radicales se encontraban Luis Cáceres, Sergio Karakachoff, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Facundo Suárez Lastra, Gabriel MartÃnez, Carlos Muiño, entre otros.
De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como lÃnea interna progresista frente al balbinismo-unionismo que expresaban una actitud conservadora dentro de la Unión CÃvica Radical.
En septiembre de 1972, en Rosario, se creó el Movimiento Renovador Nacional, reclamando un programa de carácter nacional, popular, democrático y liberador, y proclamando a Raúl AlfonsÃn como precandidato presidencial en las internas de la UCR. En las elecciones internas se impuso el balbinismo-unionismo, en tanto que el alfonsinismo obtuvo la minorÃa, por haber alcanzado más del 25%.
En 1973, la Unión CÃvica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón; Raúl AlfonsÃn resultó electo, una vez más, diputado nacional. Poco después, en mayo, AlfonsÃn amplió la extensión del sector que conducÃa para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente crÃtica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda socialdemócrata que proponÃa la reforma agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social
El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), AlfonsÃn fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la denominada AAA. Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependÃa de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón (fallecida el 7 de marzo de 1997) y asistieron: el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Raúl AlfonsÃn, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. [5]
La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, luego apoyó el trabajo de la CONADEP y finalmente luchó contra la impunidad de los crÃmenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, parte de cuya responsabilidad fue del propio AlfonsÃn, cuando fue presidente.
Durante la dictadura militar, AlfonsÃn puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sà misma solÃa significar la muerte.
Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina.
En 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, única revista polÃtica opositora en aquellos primeros años del gobierno militar
En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, AlfonsÃn, asesorado por un grupo de intelectuales como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sábato, fue uno de los pocos polÃticos argentinos que se opuso a la acción militar en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera información verÃdica sobre la marcha del conflicto.
Este mismo grupo influyó en la decisión de AlfonsÃn en promover la caÃda de la Junta de Comandantes encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el ex presidente Arturo Illia con el fin de proceder a la democratización
Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia, bajo la presidencia del general Bignone, AlfonsÃn se convirtió, primero en presidente Universal de la Unión CÃvica Radical al imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo AlfonsÃn en todo el paÃs. Como candidato a vicepresidente fue nominado VÃctor H. MartÃnez.
Los dos principales candidatos presidenciales eran el peronista Ãtalo Lúder por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y el radical Raúl AlfonsÃn, por la Unión CÃvica Radical (UCR). ExistÃa entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo serÃa un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales.[7]
La campaña electoral de AlfonsÃn se caracterizó por renovar los canales de la comunicación polÃtica en Argentina. Ocho meses antes de la elección, AlfonsÃn contrató al publicista David Ratto para dirigir su campaña. Por entonces los partidos polÃticos argentinos solÃan restar importancia a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solÃa ser realizada por los propios dirigentes polÃticos. El equipo publicitario decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y destacando sus cualidades naturales. Varios lemas tuvieron impacto masivo, como la frase â??Ahora AlfonsÃnâ?, o la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales “RA”, correspondientes tanto a Raúl AlfonsÃn como a República Argentina. También fue importante el â??saludo de AlfonsÃnâ?, con la forma de un â??abrazo a la distanciaâ?, que surgió del gesto que el propio AlfonsÃn tuvo en un acto en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982.[8]
Un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia de un pacto entre la cúpula de las fuerzas armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crÃmenes cometidos por estos, lo que tuvo repercusión en el mundo
La campaña electoral de AlfonsÃn buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos, discursos agresivos, etc. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático eligió para cerrar sus discursos en los actos el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y AlfonsÃn triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo
El gobierno de AlfonsÃn debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un paÃs con una larga tradición de gobiernos militares que habÃa llegado al terrorismo de estado y la guerra.
El 15 de diciembre de 1983 AlfonsÃn sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el paÃs desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo dÃa creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
También el 15 de diciembre AlfonsÃn envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada ley de auto-amnistÃa Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado Nunca Más y concurre a entregarlo al presidente AlfonsÃn acompañada de una multitud de 70.000 personas.[10] El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las caracterÃsticas que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica
El gobierno de AlfonsÃn estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 AlfonsÃn debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 dÃas para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron â??carapintadasâ? dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente AlfonsÃn y reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios dÃas el paÃs estuvo al borde de la guerra civil. AlfonsÃn, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envÃo de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habrÃa de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existÃan. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y asà avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros.[11] El propio AlfonsÃn ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil.[12]
En vez de ello, AlfonsÃn concurrió personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habÃan depuesto su actitud, en lo que aparentemente habÃa sido una victoria sin concesiones del gobierno democrático. Poco después se harÃa evidente que este pretendido triunfo no habÃa sido tal. Fue el sábado 30 de abril cuando AlfonsÃn asà lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó una frase que se hizo histórica (con sentido negativo): â??La casa está en orden, felices Pascuasâ?.[13] AlfonsÃn, sin poder militar para detener el golpe de Estado, negoció con los lÃderes militares “carapintadas” la garantÃa de que no habrÃa nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor RÃos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzarÃa a defender públicamente la dictadura y la guerra sucia.[14] Desde entonces AlfonsÃn debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas polÃticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada. Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de impunidad, y serÃan derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio AlfonsÃn apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondÃa a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.[15]
Quienes justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra las personas acusadas de cometer delitos contra la humanidad, sostienen que en aquel momento las Fuerzas Armadas no obedecÃan las órdenes del presidente y que no existÃa poder para reprimir las insurrecciones militares, lo que hubiera llevado a un sangriento golpe de Estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.[16]
AlfonsÃn se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo:
“Las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se compadecÃan con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos polÃticos opositores. De modo tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave que lo que yo habÃa hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que habÃa señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la tercera, los que en ese marco de terror que habÃa, creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Entonces, sobre esos yo no querÃa que recayera la pena”
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de AlfonsÃn, que se reflejarÃa en la derrota de la Unión CÃvica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Pero también es cierto que AlfonsÃn logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido polÃtico, hecho que no sucedÃa desde 1916, y que desde su asunción en 1983, Argentina inició el más extenso perÃodo democrático de su historia.
Gobierno
El gobierno de AlfonsÃn tenÃa detrás de sà una fuerza nueva: la civilidad que habÃa votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberÃan someterse y consolidar un sistema polÃtico que resolviera los conflictos de una manera pacÃfica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolverÃa los problemas económicos y sociales imponiéndose pacÃficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponÃan. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los polÃticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artÃsticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema cientÃfico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida. (Referencia bibliográfica: Luis Alberto Romero, Breve Historia Contemporánea de la Argentina, Ed: Fondo de Cultura Económica