La denominada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México es en realidad otra forma del intervencionismo múltiple de los gringos para operar militarmente en nuestro país, que prevé el ingreso abierto de las tropas imperiales que se justifican como respuesta a un problema militar o policial.
No es para el Estado Mexicano un tema económico o político; pero sí un instrumento para el enriquecimiento de su clase, contra-insurgente, y que va avanzando en el control de los territorios, y en la destrucción o desplazamiento de las organizaciones populares.
Para la burguesía mexicana siempre aliada al imperialismo en lo que denominan “combate a las drogas”, el asunto militar es el prioritario, por tratarse – dicen- de ser un tema de la agenda bilateral y de seguridad nacional. Mientras, el comando norte avanza y unifica las fuerzas secretas de la marina, el ejército y la fuerza aérea, todo en el paquete de despojo territorial para el saqueo de nuestras riquezas.
Enfrentar a los pueblos oprimidos, cuidar lo que consideran sus traspatios, o apropiarse de las rutas del narcotráfico, son algunas de sus tácticas, aunque para ello continúe destruyendo los derechos de los seres humanos, o cometiendo invariablemente crímenes contra la naturaleza y la humanidad.
El hecho de devastar y destruir los territorios indígenas como parte del prontuario neocolonial en nuestro país no se detiene, por el contrario la dependencia colonial de los yanquis es creciente, no descartan “otra anexión más de nuestro territorio”.
Para ello quieren reducir a la “mínima expresión” a las fuerzas patrióticas y populares que continúan construyendo en los territorios y reclamando en las calles el derecho a una verdadera independencia, y a la democracia popular.
Entre la farsa mediática, el lavado de activos y las elecciones se diluye la verdadera corrupción política del gobierno peñanietista que señala aunque permite el juego mafioso, y no toca los capitales del crimen organizado que crecen hoy con el control de regiones enteras, donde se multiplican los crímenes. El Estado pretende exorcizar lo ocurrido en Tlatlaya, Apatzingán, Guadalajara o Tanguato entre otros. Las razones de fondo de estas barbaridades en todo el país no se esgrimen, se ocultan y administran con cálculos perversos de “seguridad”.
La violencia económica, la miseria, la pérdida total de soberanía nacional y el terror de Estado, constituyen la médula de un sistema que ha crecido de manera ilegal, e invariablemente con los recursos y el aliento del poder amafiado desde hace más de cuatro décadas, y que ha convivido con el imperialismo, el narcotráfico y lo que ellos denominan delincuencia organizada. Delincuencia ubicada en el corazón de un régimen criminal e impune, con una crisis irreversible, y que da aliento a un narco-poder, y que tendrá que dar cuentas al pueblo, quien crece en conciencia y su vocación libertaria y antiimperial.