El gobierno estadunidense anunció la aplicación de sanciones en contra de siete empresas mexicanas, a las que consideró como frentes para el lavado de dinero de la organización criminal de tráfico de drogas denominada Los Cuinis.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), confiscó los bienes y congeló las cuentas bancarias que estén bajo la jurisdicción estadunidense y que pertenezcan a las compañías sancionadas.
Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamedica, Asesores Turísticos y Status Administrativo son las siete empresas mexicanas que la OFAC identifica como frentes de lavado de dinero para Los Cuinis y su líder Abigael González Valencia.
Con base en el Acta Kingpin, el Departamento del Tesoro designó a González Valencia y a la organización de Los Cuinis como narcotraficantes relevantes.
Además, el gobierno estadunidense asegura que Los Cuinis, asociados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), son la organización del tráfico de drogas con más recursos económicos en el mundo.
De acuerdo con la Administración Federal Antidrogas (DEA), Los Cuinis ganan más dinero que cualquier otro cártel de narcotráfico de México, pues exportan cocaína y mariguana a Europa, donde ganan euros, moneda mejor cotizada que el dólar estadunidense.
Las sanciones anunciadas por la OFAC prohíben además a cualquier ciudadano o entidad de Estados Unidos tener cualquier relación con las siete empresas mexicanas. El hacerlo es un delito que se paga con multas millonarias y varios años de cárcel.
“Esta acción es un paso más en la desarticulación de la red empresarial mexicana controlada por Los Cuinis”, señaló en un comunicado John E. Smith, director interino de la OFAC.
El funcionario del Departamento del Tesoro subrayó que en el gobierno del presidente Barack Obama tienen la determinación de exponer y sancionar a cualquier empresa que actúe a nombre de Los Cuinis y su líder, sin importar el lugar donde se encuentre.
La OFAC detalló que las empresas sancionadas “son propiedad o están controladas” por González Valencia, Jeniffer Beaney Camacho Cazares (esposa del capo), Diana María Sánchez Carlón, Silvia Romina Sánchez Carlón y/o Fernando Torres González.
En agosto de 2015, tanto la esposa del líder de Los Cuinis, y las otras tres personas mencionadas, fueron designadas por la OFAC como narcotraficantes más significativos. A ellos el gobierno de Estados Unidos los acusa de jugar un papel importante en la administración de los activos de Los Cuinis y de su líder, provenientes del trasiego de las drogas.
De las siete empresas sancionadas, cinco están ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco: Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola de Sayula y Step Latinamedica. Las otras dos se localizan en la Ciudad de México.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Status Administrativo está relacionada con dos empresas que ya habían sido sancionadas por la OFAC en 2015. A esta entidad la OFAC la acusa de procesar transacciones a nombre de Los Cuinis, y de compartir una razón social con Hotelito Desconocido, establecimiento exclusivo localizado en Tomatlán, Jalisco.
Status Administrativo, de acuerdo con la OFAC, opera a la vez un estacionamiento con una dirección en Guadalajara, que comparte con W&G Arquitectos.
Hotelito Desconocido y W&G Arquitectos estaban relacionados con Los Cuinis en parte por su propietaria y gerente Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, quien es cuñada de González Valencia.
El 8 de abril de 2015, la OFAC designó a Los Cuinis y a Abigael González Valencia, y a sus aliados, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho).
Este último y González Valencia son cuñados, y en marzo de 2014, con base en una investigación de la DEA en Los Ángeles, un gran jurado federal en la Corte Federal de Distrito de Columbia los acusó de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal activa.
González Valencia fue arrestado en México a finales de febrero de 2015, pero El Mencho permanece fugitivo.
Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1.075 millones de dólares por cada violación hasta penas criminales más severas.
El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.