El gobierno de la 4T ha claudicado frente al crimen organizado
Esta es la interpretación que surge después de escuchar la “mañanera” del jueves 15 cuando un periodista le preguntó al presidente López Obrador su opinión respecto del intento desesperado de los seis obispos católicos de Guerrero, quienes -pretendiendo frenar la escalada de violencia que azota a ese estado- se reunieron con los líderes criminales que tienen el control de esa región.
La respuesta del presidente López Obrador fue de aprobación por esta iniciativa y beneplácito, destacando la necesidad de que la sociedad civil participe en acciones que frenen la violencia.
Sin embargo, esta respuesta fue la confesión de una derrota aceptada.
La superficialidad de la actitud presidencial frente a esta escalada de violencia y su pretensión de culpar a los medios de comunicación de magnificar estos hechos con fines políticos -así como de señalar dentro de este complot a las víctimas- llama la atención.
Quiere convencernos de que esta violencia es normal en el mundo de hoy y para ello su narrativa, -al referirse a los diversos grupos delincuenciales que día a día toman control territorial de un número cada vez mayor de zonas-, tiene cada vez más significado.
Parece ser que nos los quiere presentar como un grupo de muchachos mal portados que cometen pequeños desmanes y diabluras. Para ello ha asumido una actitud paternal y moralista, como cuando los amenazó con “acusarlos con sus papás”, o cuando después de las elecciones del 2021 se le cuestionó la injerencia del crimen organizado, los exculpó diciendo que “se portaron bien”. Quiere convencernos a todos los mexicanos de que el crimen organizado es un fenómeno reivindicatorio que se justifica como producto de las injusticias sociales.
Es el enfoque ideológico que justifica la violencia.
Varias veces el presidente ha hablado de los derechos humanos de los delincuentes, sin tomar en cuenta los de las víctimas.
Al paso del tiempo el problema se agrava y la delincuencia organizada de hoy no sólo se ha vuelto más violenta y sádica, sino que se ha profesionalizado frente a la indiferencia y desdén de este gobierno.
Este viernes 15 de febrero el secretario de la SEDENA reconoció que varias unidades militares han sido atacadas últimamente con balas tan poderosas que traspasan el blindaje de los vehículos militares -como sucedió el 10 de enero pasado en Nuevo León-, cuando un vehículo DN XI y dos camionetas Cheyenne fueron atacados con armas calibre 50 que perforaron el blindaje militar.
Estas son armas de alto calibre que son fabricadas en Salt Lake City, Estados Unidos, para el ejército norteamericano, pero que inexplicablemente al amparo de la corrupción gubernamental llegan a la delincuencia organizada.
También debemos reconocer que cada vez es más frecuente encontrar minas sembradas en la región de “Tierra Caliente”. Estos artefactos explosivos son utilizados en conflictos armados internacionales como la guerra en la Franja de Gaza y en la de Ucrania.
¿Qué decir de los ataques con drones cargados de explosivos en contra de la población civil?… Esto se ha convertido en un riesgo cotidiano en zonas colindantes de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, obligando a las familias a abandonar sus tierras, para entonces apoderarse de ellas.
Además, el Ejército ha descubierto fábricas de armamento y municiones de los grupos delictivos.
¿Ésto no supone ya un riesgo de seguridad nacional?
Las autoridades electorales como TRIFE e IFE ya han reconocido los riesgos de injerencia del crimen organizado en las próximas elecciones presidenciales.
Sin embargo, el presidente López Obrador, -frente a las preocupaciones de la sociedad civil-, argumenta siempre que existe un complot en su contra.
Es importante reconocer que mientras el problema de las drogas se relaciona con los grandes cárteles y ello se ha convertido en un problema gubernamental frente al gobierno de Estados Unidos, el problema doméstico es aún más grave, pues pone en riesgo la seguridad y la vida de los mexicanos.
El cobro del derecho de piso, la extorsión, la desaparición de personas, la expulsión de comunidades enteras de sus tierras, los asaltos en carreteras, entre otras modalidades delictivas, se ha convertido en la tragedia cotidiana de millones de mexicanos y no se deben mezclar ambos tipos de delitos, pues requieren de estrategias y soluciones radicalmente diferentes.
Ante la indiferencia gubernamental que minimiza el impacto del problema, cada vez más la sociedad civil decide negociar directamente con los criminales y dentro de este fenómeno debemos interpretar la intención de los obispos, -quienes pretendiendo frenar esta violencia desbordada-, decidieron negociar directamente con los criminales del Estado de Guerrero.
Sin embargo, la pretendida negociación no significaba la desaparición de los actos delictivos, sino la disminución de las agresiones violentas, a cambio reconocer la impunidad.
A final de cuentas la negociación se sustentaba en respetar los negocios delictivos existentes simplemente a cambio de una reducción de la violencia.
Es la autoridad quien tiene la obligación de garantizar la paz social y la seguridad de todos los mexicanos y esta potestad no puede ser delegada.
Es de agradecer el gesto solidario de los líderes religiosos que participaron como mediadores en este grave conflicto que diariamente genera muertes a lo largo de nuestro territorio.
La Iglesia Católica ha sido agredida por el crimen organizado y varios sacerdotes han sido asesinados y agredidos por interceder por sus feligreses en territorios de alta peligrosidad, pero esa no es la solución de fondo.
Reconocer la incapacidad gubernamental para imponer el orden, contando con todos los recursos tecnológicos y tácticos que poseen las fuerzas armadas, -después de tantas asignaciones económicas y contar con una nómina creciente-, es inentendible.
La SEDENA cuenta con 261,773 miembros, 87,556 la SEMAR y Fuerza Aérea 30,517
Simplemente la reasignación de las fuerzas armadas para que en lugar de dedicarse a labores de construcción de obra civil y operación de empresas de transporte se dedicasen al 100% a combatir al crimen organizado y garantizar la paz social, generaría resultados muy diferentes.
Los riesgos son altos para la ciudadanía en el tiempo inmediato y no es aceptable la frivolidad del planteamiento ideológico de la narrativa presidencial. Son tiempos de acciones y no de palabras.
Más que negociar, para reducir la violencia quizá sean tiempos de plantear acciones como la amnistía para quienes decidan abandonar las actividades delictivas. Para evitar represalias quizá sea necesario dotar a los amnistiados de una nueva identidad en un esquema de reinserción social en libertad.
Se requiere primeramente reconocer la gravedad del problema y no seguirlo ocultando y después, asumir estrategias creadas por profesionales.
EL DUEÑO DE LA VERDAD
El poder absoluto genera percepciones públicas de liderazgo y sabiduría, las cuales concluyen invariablemente con la temporalidad del fin del cargo, cuando el sucesor toma la estafeta y rol de todopoderoso y sabio.
El presidente cuestionó las opiniones de Carlos Slim, -que son compartidas por un importante sector de la población-, respecto al alcance de las responsabilidades asignadas al Ejército, -que según el ingeniero Slim-, en este sexenio se han extralimitado.
El presidente refutó la opinión de este importante empresario e impuso su verdad como incuestionable.
Es evidente que el Ejército está operando proyectos en ámbitos propios de la sociedad civil y la iniciativa privada, convirtiendo a esta importante institución militar, en un conglomerado empresarial.
En la mañanera del martes 13 de febrero, -donde refutó la opinión del ingeniero Slim-, el presidente definió las cinco misiones que él visualiza para el Ejército, y son: proteger nuestra soberanía, garantizar nuestra seguridad interior, el apoyo social, la construcción de obras para el desarrollo de México y ya no definió la quinta.
Sin embargo, todo indica que el presidente desconoce que la Constitución hoy vigente en México, en su artículo 129 define que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
¿Ahora su verdad está por encima de la Constitución?
¿A usted qué le parece?
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