La ley SB-1070 de Arizona es el radical colofón de una serie propuestas e iniciativas aplicadas a nivel estatal y federal, destinadas a contener la inmigración ilegal que, pese a persecuciones y mayores restricciones para acceder a los servicios públicos y sistemas de seguridad social, continúa extendiéndose en otros estados de ese paÃs hasta alcanzar este año la cifra histórica de más de 12 millones de habitantes de origen mexicano.
El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos documenta que desde 1994, cuando el gobernador republicano de California, Pete Wilson, impulsó la Propuesta 187 para negar servicios públicos a indocumentados â??la cual fue aprobada y posteriormente suspendida por una corte federalâ??, la inmigración no sólo continuó en aumento en las ciudades fronterizas de Arizona, Texas y Nuevo México, sino que se extendió hacia Florida, Nueva York, Georgia, Chicago y Nebraska.
Miguel Cervantes Jiménez, del área de investigación socioeconómica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vaticina que la ley SB-1070 sólo cumplirá el propósito de desplazar hacia otras ciudades estadunidenses los enormes flujos de indocumentados, pero que éstos no retornarán a su paÃs, â??que es tal vez la última y más drástica decisión de quienes enfrentaron graves sacrificios para ingresar y asentarse en algunas de las entidades de Estados Unidosâ?. Prueba de ello, dijo, es que ante la facultad que se concede a la policÃa local y a las autoridades municipales para detener e investigar la situación migratoria de todo aquel que por su apariencia fÃsica sea sospechoso de no contar con residencia legal, más de 150 mil mexicanos, lejos de regresar a su paÃs, han optado por desplazarse hacÃa California y Texas, donde son menos rÃgidas las leyes y tienen alguna oportunidad de encontrar otro empleo.
Esa información es constatada por el consulado de México en Phoenix en un informe donde señala que durante las últimas semanas, más de 150 mil connacionales dejaron la entidad para dirigirse a California y Texas, donde se ha condenado la ley antiinmigrante de Arizona pero donde por igual persiste el trato discriminatorio y la persecución.
Héctor Pedraza OlguÃn, integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, señaló que se calcula que más de 500 mil connacionales radican en Arizona, y que éstos seguramente continuarán abandonando la entidad: el legislador dijo que sólo dos de cada 10 tienen la intención de regresar a su comunidad y que el resto piensa continuar en Estados Unidos, debido a que en México persisten las condiciones económicas adversas. Expuso que lo preocupante es que con base en datos del Centro de PolÃtica Migratoria, más de una docena de estados de ese paÃs se preparan para cerrarle la pinza a los indocumentados promoviendo legislaciones similares a la ley SB-1070 de Arizona.
Las iniciativas antiinmigrantes se preparan en los congresos de Arkansas, Maryland, Minessota, Missouri, Nevada, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur, Texas y Utah, donde se tiene una alta concentración de inmigrantes mexicanos y latinos que se emplean en la industria de la construcción y en empresas de servicios. Informes de la institución estadunidense encargada de analizar el tema migratorio, destacan que a raÃz de la frustrada reforma migratoria de 2006, el número de iniciativas de ley y resoluciones locales y federales presentadas en el ámbito legislativo de Estados Unidos supera hoy en más de tres veces a las 570 presentadas aquel año
