El sistema actual del Departamento de Justicia de detener a los niños migrantes con sus madres tras haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos viola un acuerdo judicial con 18 años de antigüedad, dictaminó un juez federal.
La decisión tomada el viernes por la juez de distrito Dolly Gee en California es una victoria para los defensores de los derechos de los migrantes que llevaron el caso ante los tribunales, pero todavía no está claro qué implicaciones inmediatas tendrá para los detenidos. La sentencia confirma una decisión previa tomada por Gee en abril y llega una semana después de que las partes le comunicaran su incapacidad para alcanzar un nuevo acuerdo tal y como les había pedido.
Un acuerdo de 1997 sobre el tema prohíbe que los niños migrantes sean retenidos en instalaciones sin licencia. Gee dijo que este acuerdo afecta a todos los menores custodiados por autoridades federales de inmigración, incluso quienes están detenidos con alguno de sus progenitores.
Peter Schey, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y uno de los abogados que llevaron la demanda, dijo que las autoridades federales “saben que están violando la ley”.
“Retienen a niños en instalaciones que no son seguras, es así de simple”, dijo Schey en un correo electrónico enviado a la Associated Press. “Es intolerable, es inhumano y tiene que terminar, y terminar más pronto que tarde”.
Abogados del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a los mensajes enviados durante la noche pidiendo comentarios sobre la sentencia.
En el centro de la nueva demanda están los nuevos centros de detención para mujeres y niños en Texas, supervisados por el gobierno de Estados Unidos pero gestionados por operadores privados de prisiones. Juntos albergan en total a más de 2.000 mujeres y niños, tras una oleada migratoria con decenas de miles de personas procedentes de Centroamérica, la mayoría madres a cargo de menores, muchos de los cuales afirmaron huir de pandillas y violencia doméstica en sus países.
El Departamento de Justicia había argumentado que era necesario modificar el acuerdo y emplear las detenciones para intentar disuadir a los migrantes tras un aumento de las llegadas el año pasado. El departamento apuntó además que era una vía para mantener unidas a las familias mientras se revisan sus casos, pero la juez rechazó este argumento en su fallo del viernes.
Gee dijo que el Departamento de Justicia tiene 90 días para alegar los motivos por los que no debería cambiar sus políticas para ajustarse a su dictamen.