El nuevo escándalo de plagio no tiene precedentes, -pues de comprobarse-, pone en entredicho la autoridad moral de la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, para cumplir con sus atribuciones y responsabilidades como garante de la constitucionalidad en nuestro país.
La noticia detonada por el intelectual y académico Guillermo Sheridan puso al descubierto un muy probable caso de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la SCJN, con la que ella se tituló como abogada en 1987, texto que parece ser copia fiel de la tesis presentada un año antes por Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho de la UNAM , así como por otros dos alumnos más, que presumiblemente con el mismo texto se titularon posteriormente.
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Debe ser la UNAM quien ofrezca el veredicto definitivo, aunque los documentos exhibidos públicamente, -tanto el de la ministra como el del abogado Báez-, parecen ser idénticos.
Este caso en particular tiene varios aspectos relevantes que considerar.
Primeramente, que la ministra es una de las candidatas para suceder en la presidencia de la SCJN al ministro Zaldívar, con altas posibilidades de lograrlo con base en el apoyo que ella tiene del presidente López Obrador.
A su vez, esto se complica aún más porque ambas tesis fueron dirigidas por la misma académica, Martha Rodríguez Ortiz, con diferencia de un año entre una y otra y presumiblemente se menciona que podría haber otras tres tesis idénticas, lo cual podría constituir, -según Sheridan-, un caso de corrupción, que involucra a la académica que dirigió ambos trabajos.
Otro aspecto importante es que existe el antecedente de que cuando se cuestionó el plagio parcial de la tesis de licenciatura del presidente Peña Nieto, varios destacados líderes de la Cuarta Transformación, -entre ellos la senadora y hoy secretaria general de MORENA, Citlali Hernández-, lanzaron fuertes críticas, como la expresada el 24 de agosto de 2016 por Citlali, secundada por varios destacados morenistas, entre ellos Antonio Attolini y José Merino.
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Sin embargo, todos ellos se han tomado su tiempo y hasta el momento de redactarse este artículo de opinión, se mantienen aún sin manifestarse en este caso que atañe directamente a la hasta hoy ministra de la SCJN.
Esto a su vez, terminó siendo aderezado por el presidente López Obrador en su mañanera del viernes 23 de diciembre, al declarar que la definición de su culpabilidad o inocencia debe aportarla la UNAM, institución que otorgó el título universitario hoy cuestionado.
Sin embargo, -fiel a su estilo-, el presidente no desaprovechó la oportunidad de lanzar una cortina de humo, desviando la atención de este caso, al enfilar sus dardos envenenados hacia Enrique Krauze y Guillermo Sheridan, culpándolos del saqueo de las arcas nacionales, lo cual se ha convertido en conducta previsible cuando un asunto lo toma por sorpresa, le afecta y no tiene como defenderlo.
Sin embargo, este escándalo mediático nos refiere una vez más a este rasgo muy propio de nuestra idiosincrasia nacional, que minimiza el plagio de obras intelectuales, igual que el manoseo de los derechos de artistas y creadores e incluso, de obras del ámbito industrial. Este es un país donde la piratería es tolerada pues no se considera delito apropiarse de un intangible.
Mientras en todo el mundo se valora con respeto el trabajo intelectual, en nuestro país se minimizan los derechos de propiedad y por tanto, este se considera un bien de dominio colectivo, que puede ser manoseado por todos.
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De este modo vemos como florece la piratería de libros, de películas, así como de música, sin que la autoridad correspondiente intente realizar acciones contundentes para proteger los derechos de los creadores.
¿Qué sucederá en este caso específico que afecta desde muchos ámbitos los intereses de la 4T?
Su impacto es algo impredecible, pues para las autoridades gubernamentales pareciera tratarse de una falta menor, de tipo académico o incluso escolar, equivalente a copiar al vecino durante un examen.
Sin embargo, -desde un punto de vista ético-, impacta la credibilidad de quien tiene la facultad de dictaminar los conflictos más importantes de este país, desde la visión jurídica de la constitucionalidad.
Primeramente, debemos esperar la resolución de las autoridades académicas de la UNAM. Sin embargo, si se consumase como verídica la que hoy es una presunción de plagio, tendría que serle retirado el grado de licenciatura por la universidad que lo avala y al carecer de este requisito fundamental para permanecer en la SCJN, ella debiese renunciar al cargo, con gran descrédito.
Si ella está segura de ser la autora de la obra primigenia de este requisito académico, tiene el derecho a defender su posición y entonces los que se titularon con textos parecidos estarían emproblemados, pero la posición de ella se vería fortalecida.
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Sin embargo, si se comprueba el plagio, -después de la defensa que ella ha hecho de la originalidad de su obra-, no tendría disculpa y estaría sujeta a las sanciones que procedan, tanto académicas como jurídicas y su carrera profesional en la impartición de justicia estaría finiquitada.
Sin embargo, la duda que queda en el aire es: si el plagio se consuma a partir del dictamen de las autoridades académicas… ¿hasta dónde sería capaz de meter las manos por ella, el presidente López Obrador?
Independientemente del aprecio y simpatía que nuestro presidente pueda sentir por ella, está el antecedente de la amistad que desde hace muchos años le une con el esposo de la ministra, el empresario de la construcción, el ingeniero José María Riobóo.
EL PEOR PATRÓN
Los gobiernos en México son pésimos patrones y ello les resta autoridad moral para exigir a las empresas del sector privado el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.
El ejemplo que deben proyectar las instituciones gubernamentales respetando los derechos aborales de sus trabajadores debe ser el principal sustento de la autoridad moral del Estado Mexicano en este ámbito.
Hoy han acaparado la atención de los medios de comunicación las protestas de los médicos residentes de los hospitales de PEMEX, quienes no han recibido el aguinaldo correspondiente, sino una gratificación mínima, que resulta ofensiva.
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No es un problema nuevo que los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado Mexicano sean pisoteados, pero sí que, en el contexto de un gobierno humanista, -como se ha definido la 4T a sí misma-, tampoco se respeten.
Desde el inicio de esta administración vimos que con el objetivo de generar ahorros muchos trabajadores del sector público fueron despedidos sin cubrir los parámetros legales de una liquidación justa.
En este gobierno vemos una gran incongruencia: una gran generosidad para con los beneficiarios de los programas de asistencia social, pero en contraste una impresionante insensibilidad para respetar los derechos de la burocracia, así como de todos los que participan en el sector productivo.
Es incomprensible que los derechos de la gente de casa, trabajadores del estado-, estén por debajo de los beneficiarios de la seguridad social.
Sin embargo, cada vez es más evidente que la generosidad exhibida en los programas de seguridad social llevan un fin: generar una vinculación de agradecimiento entre los beneficiarios de estos programas y el gobierno que otorga estos beneficios. Evidentemente el objetivo final es capitalizar ese agradecimiento en votos, durante las elecciones.
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QUÉ NECESIDAD
Nadie le ha explicado al presidente López Obrador que sus opiniones personales, privadas, íntimas, no deben ser externadas públicamente, pues ante la comunidad internacional se convierten en una postura política del Estado Mexicano.
Su expresión crítica respecto a “los moditos” del presidente Biden al dar la bienvenida a América al presidente Zelensky, -de Ucrania-, revela falta de sensibilidad diplomática.
Los norteamericanos al referirse coloquialmente a su propio país lo nombran América, no obstante que este sea el nombre de todo el continente. De este modo el eslogan de campaña de Donald Trump siempre fue “Will make America great again”.
Seguramente el presidente López Obrador no se dio cuenta que Donald Trump había tomado este concepto mucho antes.
El caso de nuestra relación con Perú es todavía más lamentable pues ya concluyó con la vergonzosa expulsión de nuestro embajador en ese país por la intromisión directa de nuestro presidente, calificando de ilegal al actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte y exigiendo la restitución del presidente Castillo en el cargo.
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Podríamos considerar que nuestro canciller, -Marcelo Ebrard, quien sí entiende de política exterior-, está tan ocupado por quedar bien con su jefe, -pretendiendo ilusamente ser el candidato de MORENA-, que ha descuidado su rol como asesor del presidente en las relaciones internacionales.
¿A usted qué le parece?
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