El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dejó abierta la posibilidad de que ese organismo suspenda a Honduras a raíz del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya y exigió al “gobierno ilegítimo” de ese país que libere a varios detenidos, como la canciller Patricia Rodas.
En alusión a una reunión de cancilleres programada para el martes en Washington, Insulza dijo: “No descarto que en esa reunión se aplique el articulo 19 (de los principios de la Carta Democrática Interamericana), suspendiendo a Honduras de todo tipo de participación de los organismos de la OEA, sean estos su asamblea, su consejo, sus comisiones”.
En rueda de prensa en esta capital el domingo por la noche, Insulza aseguró que la OEA siempre estará abierta “a un cambio de actitud de parte del gobierno ilegitimo, pero ese cambio de actitud parte por aceptar el retorno y la reinstalación en su cargo del presidente Zelaya”.
El secretario de la OEA exigió además la puesta en libertad de varias personas detenidas en Honduras y “cuyo paradero se desconoce”, entre ellas la canciller Rodas.
“Quiero hacer nuevamente una exigencia de que esas personas sean presentadas a la brevedad y puestas en libertad de inmediato”, señaló Insulza que tras su llegada se reunió en privado con Funes, con quien viajará al lunes a la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en Nicaragua.
En Washington, la OEA acordó el domingo no reconocer al nuevo gobierno instalado en Honduras por golpistas y convocó una sesión de emergencia de los cancilleres americanos para determinar qué otras acciones adoptará la institución a raíz del derrocamiento de Zelaya.
En una resolución, que demandó unas cinco horas redactarla, la organización “rechaza y repudia” la destitución, arresto y expulsión de Zelaya del país y la subsecuente instalación de un gobierno presidido por Roberto Micheletti, presidente del Congreso.
Los ministros se reunirán en Washington el martes a las 4 de la tarde y pueden decidir una serie de sanciones a Honduras previstas en la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la suspensión de la participación del país en las actividades de la organización.
El embajador hondureño Carlos Sosa leyó la resolución al reanudarse la sesión de emergencia del Consejo Permanente de embajadores, y el embajador chileno Pedro Oyarce pidió que se la aprobara por aclamación.
La resolución de siete puntos declara que “no se reconocerá a ningún gobierno” que surja de la ruptura del orden constitucional en Honduras.
Los embajadores encargaron al secretario general que viaje el lunes a Managua para la reunión presidencial del SICA a fin de realizar “consultas y gestiones” con los presidentes, entre los cuales estará Zelaya, quien fue expulsado por los golpistas a San José, Costa Rica.
Los embajadores resolvieron también “exigir el inmediato, seguro e incondicional retorno” de Zelaya a sus funciones constitucionales y condenaron enérgicamente todo acto de violencia y en especial la detención arbitraria denunciada de la canciller Patricia Rodas, otros miembros del gabinete.
Cuando se realizaba la sesión en la OEA, los golpistas instalaron como presidente a Micheletti, actual presidente del Congreso.
Micheletti, miembro del Congreso durante 27 años y empresario del transporte público, forma parte del Partido Liberal, de Zelaya. Perdió en las elecciones internas del partido para la designación de candidato presidencial para las elecciones de noviembre, que las ganó el actual candidato, Elvin Santos.
Zelaya tuvo en Micheletti a un fuerte crítico por los intentos presidenciales de reformar la constitución a fin de permitirse una reelección.
Durante la sesión de la OEA, Insulza dijo que viajaría a Tegucigalpa el lunes junto con una delegación de embajadores, pero luego informó que iría más bien a la reunión del SICA en Managua, por dificultades en el transporte aéreo al ser suspendidos los vuelos comerciales.
Adelantó que en la reunión del SICA estará presente Zelaya junto con el presidente costarricense Oscar Arias, quien lo ha recibido en una base militar a donde fue expulsado por los golpistas, identificados por la misión hondureña como los jefes de las fuerzas armadas del país.
Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el golpe y pidió aclarar el paradero de la canciller Rodas y otros miembros del gabinete que fueron arrestados durante la operación militar.
La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, “exige que se aclare de manera urgente” la situación de todos ellos y que “se respete y proteja su vida e integridad personal, así como la vida e integridad de los miembros de la familia del presidente Manuel Zelaya”