Los gobiernos del mundo deberían intensificar sus esfuerzos para limitar el acceso a los sedantes que se suelen añadir subrepticiamente a la bebida de las mujeres para limitar su capacidad de resistirse a los abusos sexuales y de recordarlos después, advirtió el miércoles la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Los depredadores sexuales pueden conseguir fácilmente dichos fármacos pese a los esfuerzos por controlarlos, agregó en su informe anual el organismo de fiscalización independiente y cuasi judicial encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización de la ONU sobre drogas.
Los gobiernos deberían adoptar medidas urgentes para limitar el acceso a dichos sedantes y llamar la atención del público sobre los riesgos de dejar alimentos y bebidas sin atender durante encuentros públicos como las fiestas, dijo.
“El fenómeno de las drogas cita-violación, aunque bastante nuevo, se está extendiendo rápidamente a medida que los abusadores sexuales intentan eludir los controles más estrictos utilizando sustancias no restringidas por las convenciones internacionales sobre fármacos”, dijo el organismo con sede en Viena en una declaración adjunta al informe.
El abuso del flunitrazepam -que se vende bajo la marca Rohypnol- se ha reducido, gracias a los esfuerzos internacionales, pero el reporte dijo que los delincuentes usan ahora ácido gama-hidroxibutírico -conocido como GHB- o ketamina y gama-butirolactone, o GBL.
“Como en muchos países la mayoría de estos fármacos están disponibles con facilidad, suelen caer en manos criminales”, dijo la junta.
Aunque GHB fue puesto bajo control internacional en el 2001, no todos los países han estipulado regulaciones a nivel nacional, agrega. Mientras tanto, ketamina y GBL siguen al margen de las convenciones sobre fármacos y por lo tanto pueden conseguirse fácilmente.
“Los narcotraficantes obtienen las sustancias en cuestión por medio de farmacias en Internet y el sistema postal, o por manufactura ilícita”, dijo el informe.
Para hacer frente al problema, la junta instó a los gobiernos a trabajar en colaboración con las industrias farmacéutica y química y asegurarse de que la policía y los fiscales tengan la autoridad legal para tomar acciones adecuadas contra los perpetradores o sospechosos.
“En muchos países, el uso de sustancias para facilitar la comisión de un delito no constituye delito”, dijo el informe.
