Otro problema potencial que pudo haber empañado la visita papal tuvo que ver con el obispo Robert Finn, de Kansas City, Missouri, quien desempeñó su cargo durante casi tres años después de haber sido condenado por no denunciar a un supuesto abusador de menores.
El papa, que visitará un país en el que la Iglesia católica ha pagado más de 3.000 millones de dólares en acuerdos y gastos legales relacionados con el escándalo de abusos sexuales por parte de religiosos, aceptó el 22 de abril la renuncia de Finn tras una investigación del Vaticano.
Una ley incorporada al derecho canónico en noviembre pudo haber tenido que ver: la ley incluyó la novedad de que las altas autoridades eclesiásticas pueden reclamar la renuncia de un obispo en determinadas circunstancias.
De manera genérica, se considera abuso sexual infantil a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Se trata de:
“Un problema universal que está presente, de una u otra manera, en todas las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores individuales, familiares y sociales. […] Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo”.