Parlamento Centroamericano comienza a pagar deudas

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha tenido un nulo papel en la búsqueda de una solución a la crisis en Honduras y tampoco parece haber potenciado la integración del istmo desde que fue creado, por lo que empieza ahora a pagar la cuenta por su propia ineficiencia.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sancionó el viernes la ley que sella la salida unilateral de su país del Parlacen, aprobada por el Congreso panameño el 30 de noviembre.
El retiro de Panamá por decisión de Martinelli, que afirma que el Parlacen es un foro “inoperante” y “oneroso” que no ha traído ningún beneficio para Panamá ni la región, es el mayor golpe sufrido por esta asamblea desde su instalación, el 28 de octubre de 1991.
Creado en 1987 como parte de los acuerdos de Esquipulas II destinados a pacificar a Centroamérica y con un presupuesto anual superior a 10 millones de dólares, las resoluciones de este parlamento regional con sede en Guatemala se convierten en letra muerta, pues no son vinculantes para los países.
Además, Costa Rica, la democracia más antigua y estable de Centroamérica, jamás ha querido adherir al Parlacen.
El ex presidente guatemalteco Vinicio Cerezo (1986-1990), uno de los impulsores del foro, reconoce que el Parlacen necesita ser reformado, de modo de que sus resoluciones tengan peso legal, como las del Parlamento Europeo.
“El Parlacen tiene que ser más eficiente para demostrarle a Costa Rica y Panamá que definitivamente estar fuera de la integración centroamericana les causa más daños que beneficios”, declaró Cerezo a la AFP.
Dos días después del golpe del 28 de junio en Honduras, el Parlacen aprobó una resolución que “declara su enérgica condena al movimiento que ha roto el orden institucional y el estado de derecho en Honduras, propiciado por el golpe de Estado”.
Asimismo, exigió “la restitución del orden institucional y constitucional, así como del gobierno legítimamente electo del presidente Manuel Zelaya”.
Pero, como todas sus resoluciones, ésta no tuvo ningún efecto legal ni práctico.
“Lamentablemente las decisiones no son vinculantes”, dijo a la AFP el diputado guatemalteco del foro Rodolfo Dougerty.
El Parlacen, que ocupa un edificio alquilado de cinco pisos en la capital guatemalteca, es la institución más criticada de la integración centroamericana no solo por su inoperancia, sino porque ha servido de refugio a políticos acusados de corrupción.
Ex presidentes y ex vicepresidentes de los países integrantes, incluso los investigados por corrupción, ocupan automáticamente una banca por cinco años, lo que les da inmunidad, igual que algunos diputados acusados de narcotráfico.
Un hecho grave ocurrió en febrero de 2007, cuando tres diputados salvadoreños del Parlacen y su chofer fueron asesinados en Guatemala cuando acudían a las plenarias, en un aparente ajuste de cuentas entre mafias. El crimen nunca ha sido totalmente aclarado.
El Parlacen lo integran, además de los ex presidentes y ex vicepresidentes, 20 diputados elegidos por cada país miembro (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana).
Cada país miembro aporta casi dos millones de dólares anuales al Parlacen, que Martinelli quiere ahorrarle a Panamá tras firmar el viernes la ley por la cual su país dejará de ser parte del foro regional el 24 de noviembre de 2010.