Hizo un llamado al Consejo de la Judicatura
En conferencia de prensa, Graco Ramírez manifestó que el Juez en cuestión, aceptó los argumentos sin sustento presentados por el abogado Roberto Camacho Gómez, quien manifestó que Crisóforo Maldonado estaba siendo sujeto de incomunicación, malos tratos y demás actos prohibitivos considerados en el artículo 22 de la Constitución Política, lo que valió para admitir la demanda de amparo.
Expresó que estos señalamientos no ocurrieron, dado que Crisóforo Maldonado se encontraba internado en el Hospital General del IMSS, donde fue trasladado minutos después de haber sido víctima de una agresión violenta con arma de fuego por desconocidos cuando circulaba a bordo de un vehículo particular en la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca.
Graco Ramírez dijo que las autoridades ministeriales intentaron, durante todo ese día, tomar la declaración de este sujeto, para que pasara de su calidad de victima a lo que se establecía en la carpeta de investigación como indiciado, pero autoridades del hospital no lo permitieron.
Refirió que a las 21:50 hrs se presentó la demanda de amparo, y a las 2 de la mañana llegó la notificación a la Procuraduría de Justicia por el Juez Segundo firmado por la Secretaria del Juzgado, Blanca Fuentes Sánchez, y ordenó la suspensión de los actos reclamados, al determinar conceder la suspensión provisional del acto reclamado, para efecto de que quedar a disposición del Juzgado Federal, por lo que se refiere a su libertad, en el lugar en el que se encontrara recluido.
Ante este hecho, Graco Ramírez expresó que Crisóforo Maldonado no estaría muerto en el D.F., sino procesado en Morelos, si no hubiera sido otorgada dicha suspensión, “En Morelos no hay negligencia, actuamos como debíamos actuar”, sentenció.
Manifestó su respeto al Poder Judicial de la Federación, pero hizo un llamado al Consejo de la Judicatura para hacer una revisión a la actuación del Juez Segundo de Distrito. Al mismo tiempo dijo que toda esta información sobre los antecedentes de Crisóforo Maldonado a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, al tener en conocimiento que la supuesta víctima se había internado en un hospital privado de la Ciudad de México.
Finalmente confirmó que además de haberse girado órdenes de presentación y aprensión contra elementos policiacos que permitieron la salida de Antonio Román Miranda (a) “La Moña”, quien viajaba en el momento del atentado contra “El Bocinas”, se requerirá de la declaración del secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, así como del personal médico, que en su caso, impidieron se tomara su declaración ministerial cuando aún estaba internado en el hospital del IMSS en la ciudad capital de Morelos.
