El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para que el titular de Procuraduría General de la República (PGR) no se convierta en automático en nuevo fiscal general.
De ser aprobada la propuesta y en caso de que el Congreso de la Unión expida la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, no existiría pase automático de último procurador a primer fiscal, sino que correspondería al Senado iniciar el procedimiento para la designación del nuevo fiscal general de la República.
En un comunicado, la Presidencia de la República informó que el Ejecutivo federal envió la propuesta ante las distintas voces que señalan que el transitorio décimo sexto de la reforma constitucional, publicada el 10 de febrero de 2014 y que establece el tránsito de procurador a fiscal en forma automática, no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional de la Fiscalía.
Refirió que la reforma constitucional prevé que la Fiscalía General de la República entrará en funciones una vez que sea aprobada su Ley Orgánica por parte del Congreso de la Unión, en tanto que el artículo décimo sexto transitorio dispone que quien sea procurador en ese momento se convertirá de forma automática en el primer fiscal general.
En ese sentido, expuso que para el gobierno federal, los tiempos para la transición a la Fiscalía General de la República corresponden al Congreso de la Unión, quien definirá el momento para la aprobación de la Ley Orgánica.
Recordó que esta reforma constitucional fue aprobada por las distintas representaciones políticas en el Congreso con una votación de 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención en la Cámara de Senadores, y por 409 sufragios a favor, 69 en contra y tres abstenciones en la de Diputados, donde se realizaron modificaciones a la minuta.
Posteriormente, abundó la Presidencia, la propuesta fue aprobada por el Senado con una votación de 99 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, para finalmente ser avalada por la mayoría de los congresos locales.
Dicha reforma fue producto de diversas iniciativas presentadas en el Senado de la República y no de alguna del presidente de la República, precisó.
El 25 de octubre pasado, Peña Nieto designó como procurador general de la República a Raúl Cervantes Andrade y el Senado lo ratificó para ejercer ese cargo, con una votación de 85 votos a favor, tres en contra y una abstención, en tanto que los diferentes partidos políticos sufragaron a favor de dicha ratificación.
Una de las tareas principales de Cervantes Andrade es trabajar para la mejora continua de la institución del Ministerio Público de la Federación, el cual enfrenta los retos que significa el inicio del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, construyendo procesos y sistemas que fortalezcan la procuración de justicia, puntualizó la Presidencia en el documento.