Cientos de personas marcharon este martes hasta el Parlamento de República Dominicana para exigir que se modifique uno de los artículos del proyecto de reforma constitucional que ilegalizaría, según sus organizadores, el “aborto terapéutico” y el uso de anticonceptivos.
El polémico artículo 30, aprobado en primera lectura el pasado abril, será sometido a una segunda lectura parlamentaria en estos días.
El texto a debatirse establece el “derecho a la vida (como) inviolable desde la concepción hasta la muerte” y contempla que “no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
Su aprobación sería “un retroceso al medioevo” en derechos para la mujer, según Denisse Paiwonsky, una de las promotoras de la movilización.
“El país será criticado por organismos internacionales debido a que obstaculiza y penaliza el uso de métodos anticonceptivos aceptados de manera universal”, explicó Paiwonsky a la prensa local.
El artículo, según la activista, “obligaría a parir hijos (que nacen como) consecuencia de violaciones sexuales y (llevaría) a la muerte a las madres cuyos embarazos sean riesgosos para ellas y las criaturas”.
En la movilización, los manifestantes, en su mayoría mujeres, llevaban pancartas del movimiento “Resistencia al Retroceso Constitucional”, que apoyó la marcha.
Según la prensa, la Iglesia Católica dominicana, que apoya la redacción del artículo, ha amenazado “con la excomunión” a varios legisladores que se han manifestado a favor de un cambio del postulado.
El presidente dominicano Leonel Fernández, redactor de la propuesta de reforma constitucional, exhortó por estos días al Congreso de su país a “encontrar el lenguaje apropiado, una fórmula adecuada que permita que haya una conciliación” en torno al polémico artículo.
Los detractores del artículo hicieron referencia a una encuesta que reflejó que “80% de la población está de acuerdo con que la mujer pueda interrumpir su embarazo cuando su vida está en peligro”, reseñó la prensa.
