La semana pasada se convocó a un total de 15 millones de chilenos a un voto obligatorio para determinar si se continuaba con la Constitución Política actual (1973-1989) creada en los tiempos de Pinochet o si se empezaba a usar una nueva Constitución de 388 artículos en los cuales se daba apertura a los derechos sociales.
La nueva Constitución que fue realizada durante un año por la Convención Constitucional, era el producto de múltiples manifestaciones que se vivieron en el 2019 solicitando justicia social y que originaron que en octubre de 2020 se hiciera una consulta ciudadana para la reforma de la Carta Magna, en ese entonces el nivel de aprobación del proyecto era del 80 por ciento.
Dos años después la cifra optimista se desplomó y en la reciente consulta sobre si se aplicaba o no, el resultado, aunque esperado sorprendió a la izquierda chilena.
Con un 61.9 por ciento de votantes conservadores en contra de la nueva Constitución y con un 38.10 por ciento de los chilenos que la aprueba, la Constitución anterior continúa vigente.
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Entre los derechos sociales que contemplaba la renovación del documento más importante de Chile se encuentran: derecho al aborto, derecho a una vivienda digna, reconocimiento de los pueblos indigenas, protección medioambiental y el mantenimiento de una económia de mercado.
Los ánimos en las calles contrastan con los de las urnas, pues los simpatizantes de la aprobación de la nueva Constitución se reunieron sumando un total de casi medio millón de personas, mientras que los simpatizantes del rechazo convocaron alrededor de 400 personas.
La izquierda chilena no descarta una nueva reforma constitucional y su actual presidente Gabriel Boric llamó a la izquierda y derecha a la unión nacional.
MGG