Por Redacción 16 de diciembre de 2025
En el complejo tablero de la política mexicana, pocas iniciativas han generado tanta polarización y preocupación genuina entre expertos y ciudadanos como la reciente propuesta de modificación constitucional. Bajo una narrativa de austeridad y supuesta eficiencia, se nos presenta una Reforma Electoral que promete «hacer más con menos». Sin embargo, al levantar el velo de la retórica oficialista, lo que encontramos no es una mejora del sistema, sino un desmantelamiento sistemático de los contrapesos que sostienen nuestra democracia.
La premisa suena atractiva para el ciudadano de a pie: reducir el número de legisladores, recortar el dinero a los partidos políticos y simplificar la burocracia electoral. ¿Quién no querría ahorrar millones de pesos al erario? El problema radica en la letra chiquita. Estas medidas, lejos de empoderar al pueblo, concentran el poder en el Ejecutivo y en el partido mayoritario, creando un escenario donde la disidencia y la pluralidad quedan asfixiadas. A continuación, desglosamos por qué esta iniciativa representa un retroceso histórico.
1. La falacia del «ahorro» y el financiamiento público
Uno de los pilares más populares de la Reforma Electoral es la reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos, limitándolo exclusivamente a los periodos de campaña. A primera vista, eliminar el financiamiento ordinario parece un acto de justicia ante el despilfarro. No obstante, esta medida es una puerta abierta a la privatización de la política y, peor aún, a la injerencia de poderes fácticos.
Si los partidos políticos no cuentan con recursos públicos fiscalizados para su operación diaria y la formación de cuadros, se verán obligados a buscar financiamiento en otros lugares. Esto crea dos escenarios peligrosos:
- Dependencia empresarial: Los partidos responderán a los intereses de grandes corporaciones que financien su supervivencia, legislando a favor del capital privado y no del bienestar social.
- Dinero ilícito: El riesgo de que el crimen organizado inyecte recursos para «comprar» candidaturas y protección política se dispara exponencialmente.
El financiamiento público, con todas sus imperfecciones, garantiza un piso mínimo de equidad. Eliminarlo no es austeridad; es entregar el sistema de partidos al mejor postor.
2. Menos legisladores, menos representación real
La propuesta de reducir el número de diputados (de 500 a 300) y senadores, eliminando los escaños de representación proporcional (plurinominales) tal como los conocemos, es quizás la trampa más sofisticada de la Reforma Electoral.
Históricamente, los plurinominales fueron creados para dar voz a las minorías. En un país tan diverso como México, es vital que las corrientes políticas que no logran ganar un distrito por mayoría, pero que representan a millones de ciudadanos dispersos en el territorio, tengan voz en el Congreso.
Al eliminar estos espacios o cambiar el método de elección a listas estatales cerradas bajo un sistema de mayorías puras, se sobrerrepresenta al partido ganador. Es decir, un partido con el 51% de los votos podría quedarse con el 100% del poder legislativo, dejando al 49% de la población sin voz ni voto real en la toma de decisiones. Esto no es democracia; es la tiranía de la mayoría disfrazada de eficiencia legislativa.
3. El desmantelamiento del árbitro electoral
Para que un juego sea justo, el árbitro debe ser imparcial. La Reforma Electoral propone cambiar radicalmente la forma en que se eligen los consejeros del órgano electoral y los magistrados del Tribunal. En lugar de un proceso técnico y de consenso parlamentario, se propone que sean elegidos por «voto popular».
Aunque suena democrático, politizar la justicia electoral es un error garrafal. Los consejeros y magistrados no deben hacer campaña, ni prometer cosas, ni buscar simpatías populares; su trabajo es aplicar la ley, a veces tomando decisiones impopulares pero legales.
Si los árbitros deben su puesto a una elección popular, inevitablemente deberán su lealtad a las estructuras partidistas (oficiales u opositoras) que los movilizaron para ganar. Esto aniquila la autonomía de la autoridad electoral. Un árbitro que juega para la grada —o para el dueño del estadio— deja de ser un árbitro para convertirse en un jugador más.
4. La centralización del poder
Al reducir los congresos locales y centralizar las decisiones electorales en un solo organismo nacional (eliminando los OPLES), la Reforma Electoral atenta contra el pacto federal. México es una república federal, no centralista. Cada estado tiene dinámicas, tiempos y necesidades políticas distintas.
Quitarle a los estados la capacidad de organizar sus propios procesos y dirimir sus controversias locales es un retroceso hacia el centralismo del siglo pasado, donde todo se decidía desde la capital. Menos control local significa menos capacidad de la ciudadanía para vigilar sus propios procesos inmediatos.
5. El riesgo de la hegemonía de partido único
Cuando sumamos todos los factores: menos dinero para la oposición, un sistema legislativo que premia desproporcionadamente al ganador y un árbitro electo por movilización popular (donde el gobierno tiene ventaja), el resultado es matemático. Estamos pavimentando el camino para el retorno del partido hegemónico.
La democracia mexicana costó décadas de luchas, reformas graduales y vidas humanas para lograr que el poder se distribuyera. Esta iniciativa busca revertir esa pluralidad. Una Reforma Electoral democrática debería buscar facilitar el voto, mejorar la fiscalización y asegurar la equidad, no asegurar que quien hoy ostenta el poder nunca lo pierda.
6. La propaganda gubernamental sin frenos
Otro aspecto crítico es la modificación en las definiciones de propaganda gubernamental. La reforma busca flexibilizar las reglas para que los funcionarios públicos puedan intervenir en los procesos electorales sin ser sancionados, bajo el argumento de la «libertad de expresión».
Esto rompe el principio de imparcialidad establecido en la Constitución. Si el gobierno puede usar su aparato comunicacional masivo para influir en las elecciones sin consecuencias, la competencia se vuelve una farsa. No es libertad de expresión; es abuso de poder y uso de recursos públicos para perpetuarse en el cargo.
7. Una trampa para el futuro
Finalmente, aprobar una reforma de este calado sin el consenso de todas las fuerzas políticas es un precedente nefasto. Las reglas del juego democrático deben ser acordadas por todos los jugadores, no impuestas por el que va ganando momentáneamente.
La narrativa oficial nos dice que la Reforma Electoral es para «castigar a la burocracia dorada». Pero al leer la letra pequeña, es evidente que el castigo es para la ciudadanía, que verá reducidas sus opciones, su representación y sus garantías de elecciones limpias.
Conclusión: Defender la pluralidad
La democracia no se mide por cuánto dinero se ahorra en organizar elecciones, sino por la certeza de que el voto cuenta y se cuenta bien, y de que todas las voces, mayoritarias y minoritarias, están representadas en el Congreso.
Esta Reforma Electoral, con menos legisladores para las minorías, menos financiamiento público regulado y menos control de una autoridad autónoma, es una trampa. Es un diseño institucional para concentrar el poder y reducir la rendición de cuentas.
Defender al árbitro electoral y la pluralidad legislativa no es defender privilegios de unos cuantos burocrátas; es defender tu derecho a pensar diferente y a ser representado. Ante la seducción del discurso populista de la austeridad, debemos anteponer la razón crítica: lo barato sale caro, y en este caso, el costo es nuestra libertad política.
