El papa Francisco introdujo un nuevo proceso legal para apartar de su cargo a los obispos que gestionen mal los casos de abusos sexuales, señalando que podrán ser destituidos si el Vaticano determina que fueron negligentes en su labor.
La ley publicada el sábado responde a una antigua demanda de las víctimas de abusos y sus defensores, que reclamaban que se exigieran responsabilidades a los obispos por no proteger a sus congregaciones de los pederastas.
Las víctimas han acusado desde hace tiempo a los obispos de ocultar los abusos y trasladar a los agresores de parroquia en parroquia en lugar de reportarlos a la policía.
En las nuevas normas, Francisco admite que la ley canónica ya permitía destituir a un obispo por negligencia. Sin embargo, informó que quería ser más preciso al definir los “motivos graves” que pueden costarles el puesto.
Los obispos “deben mostrar una diligencia especial al proteger a los más débiles en su congregación”, afirmó Francisco en la ley, llamada motu proprio.
El estatuto es un cambio respecto a la propuesta original aprobada el año pasado por Francisco para establecer un tribunal dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe que instruyera los casos de negligencia. La junta asesora del pontífice en materia de la lucha contra los abusos sexuales había recomendado que la Congregación procese a los obispos negligentes porque ya tiene la tarea de supervisar los casos de abusos sexuales iniciados contra clérigos.
Pero ante la batería de cuestiones legales y burocráticas que planteaba esa propuesta original, Francisco decidió agilizar el procedimiento y encargar a las oficinas del Vaticano que ya se encargan de cuestiones relacionadas con los obispos que investiguen y sancionen los casos de negligencia.
En la ley, Francisco informó que puede destituirse a un obispo si sus actos u omisiones causan “daño grave”, ya sea físico, moral, espiritual o financiero, a hombres o comunidades.
No es necesario que el obispo sea moralmente culpable para ser castigado: basta con que le falte la diligencia necesaria para su cargo. Cuando los casos impliquen abusos, basta con que la negligencia sea “seria”, afirmó la ley.
El mecanismo reclama al Vaticano que inicie una investigación cuando hay “pruebas serias” de que un obispo fue negligente. El obispo será informado y podrá defenderse. Al final de la investigación, el Vaticano puede preparar un decreto que destituya al obispo o pedirle que renuncie en 15 días.
Si no lo hace, el Vaticano puede emitir el decreto de renuncia.
Cualquier decisión de apartar a un obispo debe ser aprobada primero por el papa, que contará con un grupo de asesores legales, señala la ley.