El Senado aprobó en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el dictamen para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, que incluye la modificación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pase la facultad de investigar violaciones â??gravesâ? a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Una vez aprobada esta reforma, las instituciones estarán imposibilitadas para negar información al organismo bajo el argumento de datos confidenciales. Pero a cambio, la CNDH deberá mantener reservados los datos para no afectar a terceros.
En el dictamen, los integrantes de las comisiones modifican â??sustancialmenteâ? el artÃculo 102 constitucional para establecer que el presidente de la CNDH y los titulares de los organismos de protección de derechos humanos de los estados se elijan a partir de una consulta pública.
Con esta reforma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá investigar â??los hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanosâ? por oficio o cuando lo solicite el Ejecutivo Federal, el Legislativo, los gobernadores, el Jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
Se establece que las entidades y el DF garantizarán la â??autonomÃaâ? de los organismos de protección a los derechos.
El presidente de la Comisión, Pedro JoaquÃn Coldwell (PRI), resaltó que las modificaciones avaladas en comisiones forman parte de la reforma polÃtica que se discute en el Senado.
Estado de emergencia
El dictamen también adiciona el artÃculo 29 constitucional como un primer piso del entramado jurÃdico hacia la aprobación del estado de emergencia para fortalecer al Estado en la lucha contra el narco y el crimen organizado.
Los senadores debatieron por casi dos horas el tema, y acordaron que â??la restricción o suspensión de derechos y garantÃas debe ser proporcional al peligro a que se hace frenteâ?.
Los secretarios de Estado y la PGR, con aval del Congreso, podrán restringir en el paÃs o una zona el ejercicio de los derechos y las garantÃas â??que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero por un tiempo limitadoâ?.
El Congreso de la Unión será el encargado de revocar la suspensión de garantÃas, y el Ejecutivo no podrá hacer observaciones
