La Suprema Corte de Justicia de la Nación les enviará el informe del caso Oaxaca a todos los gobernadores y congresos locales del país, debido a que en el mismo se incluirán una serie de recomendaciones y lineamientos que deben de seguir todas las autoridades en torno al uso de la fuerza pública para evitar excesos.
Lo anterior porque al igual que ocurrió en el caso del enfrentamiento generado en la comunidad de Atenco, el conflicto magisterial, político y social que se registró en Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007, dejó a la vista una serie importante de omisiones y deficiencias en los cuerpos policíacos que deben ser corregidas, para evitar abusos en el control de manifestaciones.
El reporte del caso Oaxaca, en el que también se responsabiliza al gobernador de dicha entidad, Ulises Ruiz, se le enviará el presidente de la República, a las Cámaras del Congreso de la Unión, a los gobernadores de los Estados, al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales, a la Asamblea Legislativa del DF, al secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Procurador General de la República, a los procuradores locales, y a los titulares de todas las corporaciones policíacas del país.
Dicha notificación tardará en darse alrededor de dos semanas. Durante este tiempo, el ministro Mariano Azuela redactará el documento con los lineamientos que le fijaron sus compañeros, para responsabilizar de las violaciones a las garantías individuales al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Una vez que esté listo el documento será revisado en privado por el Pleno de la Corte, a fin de darle el visto bueno y enviarlo a todas las autoridades involucradas en el tema
