La comunidad internacional debería imponer sanciones al gobierno de facto en Honduras si se niega a aceptar el regreso del presidente Manuel Zelaya al poder, dijo este lunes su canciller Patricia Rodas. En una rueda de prensa en la sede de la ONU, Rodas dijo que en caso de fracasar el diálogo -que se inicia el martes en Tegucigalpa- en la fecha límite del 15 de octubre, la comunidad internacional debería tomar medidas.
“La comunidad internacional deberá examinar la necesidad de más sanciones contra el régimen de facto”, dijo Rodas, que reclamó además “firmeza” a los países para que no reconozcan al gobierno golpista bajo ningún concepto. Agregó que la cuestión del regreso de Zelaya al poder no es negociable y que cualquier otra opción será “tan ilegal como el golpe de Estado”.
Según la canciller, quien más capacidad tiene de hacer presión sobre el gobierno de facto es Estados Unidos, por ser la fuente del 70% de las inversiones extranjeras en Honduras. Preconizó en particular la aplicación de sanciones en el campo del comercio, la asistencia militar y el respaldo financiero en general.
“Estados Unidos podría utilizar el canal multilateral para aplicar sanciones contra los autores del golpe de Estado”, agregó, precisando que las sanciones no deberían aplicarse contra la nación hondureña en general. Rodas hizo el llamado en Nueva York mientras en Tegucigalpa delegados del depuesto presidente Manuel Zelaya y del gobierno de facto se disponen a examinar el martes el conflictivo asunto de la restitución del mandatario.
A dos días de que venza el plazo del 15 de octubre dado por Zelaya para concluir las pláticas, la mesa de negociación abordará el punto principal del llamado Acuerdo de San José, tras haber logrado consenso en otros cinco, entre ellos, la creación de un gobierno de unidad nacional, el rechazo a la amnistía y la renuncia de Zelaya a convocar una Asamblea Constituyente. Rodas denunció en Nueva York las condiciones en que Zelaya se encuentra refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, afirmando que la sede diplomática sigue siendo objeto de un “asedio” por los militares.
La canciller del gobierno constitucional denunció además la presencia en territorio hondureño de 40 mercenarios de grupos paramilitares colombianos supuestamente para la protección de propiedades y cuya función dijo desconocer.
