La embajadora de Suecia en México, Anna Lindstedt, envió a la Cámara de Diputados un ensayo sobre la ley que criminaliza en su país a los compradores de sexo, como una aportación en el debate para crear en México una legislación en la materia.
En dicho trabajo, la diplomática explica que en Suecia está penalizado con multas severas y cárcel hasta por seis meses a quien sea sorprendido pagando para tener sexo.
De acuerdo con el Estado sueco, la prostitución y la trata de personas son un obstáculo severo para la igualdad social y la equidad de género.
Además, refiere, constituye una violación a los derechos humanos y por ello el Estado se considera obligado a proteger la integridad sexual y la sexualidad de sus ciudadanos con especial énfasis en mujeres jóvenes y personas vulnerables.
La ley se basa en el hecho de que la compra de sexo no es un trato entre iguales porque generalmente un hombre mayor con dinero ‘compra’ el cuerpo de una mujer joven que necesita dinero.
En ese sentido se concibe a la compra de sexo como la ‘esclavitud de nuestro tiempo’ porque involucra a una cadena de delincuencia organizada que incluye delitos conexos como la trata de personas y la privación ilegal de la libertad.
En ese sentido, la ley creada en Suecia en 1999 considera que el cliente, con su dinero, es quien ayuda a unir esta cadena de delitos que en consecuencia apoya al crimen organizado.
Por ello, se establecen multas y penas corporales para los compradores de sexo pero no para quienes lo venden, porque se considera que en general las personas que venden sexo son víctimas de la delincuencia organizada.
‘Una sociedad equitativa no puede ver a la mujer como una mercancía. Por eso, la ley sueca sobre trata de personas tiene como objetivo reducir la demanda y proteger a la víctima de explotación’, destaca.
La ley fue reformada en este año luego de un proceso de evaluación que se abordó entre 2007 y 2009, en el que se buscó cerrar los márgenes que existían para argumentar la libre decisión de la persona para tener sexo.
Ello, debido a que se consideraba que las víctimas de trata de personas se veían obligadas por la delincuencia a presentar dicho argumento ante las autoridades.
Ahora la legislación se aplica de mejor manera y se pretende disminuir el margen de acción de la delincuencia organizada, aunque sigue siendo un reto para el sistema judicial sentenciar a los delincuentes culpables de ese ilícito.
