La reforma de supremacía constitucional, recientemente avalada por la mayoría de los senadores de Morena y sus aliados, ha generado críticas por parte de magistrados del Poder Judicial y legisladores de la oposición, quienes consideran que aún puede ser impugnada.
Esta reforma busca evitar amparos y juicios contra cambios constitucionales, lo que ha encendido el debate sobre su legitimidad.
El magistrado Juan José Olvera López advirtió que, a pesar de haber sido aprobada, la reforma puede ser objeto de impugnaciones mediante amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
“Los jueces, en ejercicio de su independencia, podrían decidir si admiten o no demandas de amparo contra la reforma”, explicó Olvera López.
Proceso de impugnación y su posible impacto en la reforma
Olvera López, acompañado por la jueza Adriana Ortega Ortiz y el magistrado José Rogelio Alanís García, señaló que el proceso apenas comienza y que el futuro de la reforma dependerá de las decisiones judiciales que se tomen en las próximas etapas.
“Este proceso aún está en desarrollo y podría derivar en un acto de autoridad que sea impugnado en tribunales”, agregó.
Oposición señala que la reforma no puede ser retroactiva
Legisladores de oposición también han levantado la voz, argumentando que la reforma no puede aplicarse retroactivamente.
La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, criticó el intento de aplicar la reforma a casos en trámite mediante un transitorio que, según ella, es inconstitucional.
“El principio de irretroactividad protege los derechos humanos en la Constitución y en la Convención Interamericana”, señaló.
Acusaciones sobre control del Poder Judicial
El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, fue más allá y afirmó que Morena busca evitar que la Corte declare inconstitucional la reforma judicial.
“Están reformando la Constitución para impedir que la Suprema Corte pueda detener esta reforma que les da control total sobre el Poder Judicial”, denunció Anaya.
Según él, este tipo de maniobras legislativas permiten violaciones graves a la Constitución sin posibilidad de contravenirlas.
