Por Redacción | Jueves 26 de febrero de 2026, 15:45 h.
El mundo financiero y político de México ha recibido una sacudida de proporciones mayúsculas. La noticia de que TV Azteca ha solicitado entrar en concurso mercantil no es una simple nota de negocios; es el clímax de una guerra de desgaste que lleva años gestándose en los tribunales. Lejos de ser una rendición, este movimiento representa una de las maniobras de ingeniería legal más agresivas vistas en la historia corporativa reciente del país.
Para entender la magnitud de esta decisión, es necesario mirar el panorama completo. El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego (que tiene a TV Azteca, Elektra, Grupo Salinas, etc) se encuentra acorralado en dos frentes masivos. Por un lado, la presión implacable de los tenedores de bonos en Estados Unidos. Por el otro, el brazo ejecutor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México.
Ante este escenario de asfixia financiera, la empresa ha decidido utilizar la ley mexicana como un escudo protector. A través de la figura del concurso mercantil, buscan amarrarle las manos a sus cobradores. En este análisis, desmenuzamos las entrañas de esta estrategia y planteamos la pregunta que todos los mexicanos se hacen: debiendo miles de millones en impuestos, ¿lograrán salirse con la suya?
1. El escudo perfecto contra los embargos del SAT
El primer gran objetivo de esta maniobra por parte de TV Azteca, es frenar en seco a la autoridad fiscal mexicana. Hace apenas unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un golpe definitivo al desechar los amparos que la televisora y otras empresas del grupo habían promovido durante años.
Este fallo judicial los obligaba a pagar un crédito fiscal histórico que superaba los 31 mil millones de pesos. Tras esta derrota, el conglomerado tuvo que doblar las manos temporalmente, realizando un primer depósito de aproximadamente 10.4 mil millones de pesos a principios de año para evitar acciones penales.
Sin embargo, aún resta un saldo cercano a los 20 mil millones de pesos. Al declarar a TV Azteca en concurso mercantil, la ley dicta una medida cautelar automática: la suspensión inmediata de cualquier procedimiento de ejecución o embargo.
Esto significa que el SAT queda legalmente impedido para congelar cuentas bancarias, clausurar instalaciones o confiscar equipos de transmisión para cobrarse a la fuerza. La deuda no desaparece, pero el reloj del cobro coactivo se detiene por completo.
2. La trampa para los «fondos buitre» de Nueva York
El segundo frente de batalla se libra a miles de kilómetros de la Ciudad de México. Desde el año 2021, la empresa del Ajusco dejó de pagar los intereses de una deuda que supera los 500 millones de dólares con tenedores de bonos en Wall Street.
Estos fondos de inversión, conocidos por su agresividad, intentaron acorralar a la televisora promoviendo un «Chapter 11» (bancarrota involuntaria) en las cortes de Estados Unidos. Querían obligar a la empresa a liquidar sus activos para recuperar sus dólares.
Al solicitar el concurso mercantil de forma voluntaria en territorio nacional, TV Azteca le da un giro radical a la disputa. Saca a los poderosos fondos estadounidenses de su zona de confort judicial y los obliga a venir a litigar bajo las leyes mexicanas.
Esta maniobra somete a los acreedores extranjeros a los largos y burocráticos tiempos de los juzgados locales. El objetivo es desgastarlos económicamente hasta obligarlos a aceptar una «quita»; es decir, un descuento masivo sobre la deuda original o un plan de pagos a larguísimo plazo.
3. La diferencia entre reestructurar y quebrar
Una de las grandes confusiones en la opinión pública es creer que esta solicitud significa la desaparición inminente del canal. En la legislación mercantil mexicana, este proceso tiene dos etapas claramente definidas: la conciliación y la quiebra.
Actualmente, TV Azteca busca entrar en la fase de conciliación. Durante este periodo, que puede extenderse por más de un año gracias a diversas prórrogas legales, la empresa no cierra sus puertas.
Las cámaras seguirán grabando, los noticieros continuarán al aire, los empleados seguirán cobrando sus quincenas y los anunciantes seguirán pagando por publicidad. La magia de la conciliación es que el dinero que entra a la empresa se usa exclusivamente para operar, mientras que los pagos a las deudas pasadas quedan congelados.
Solo si al terminar todos los plazos legales la empresa no logra convencer a la mayoría de sus acreedores de firmar un nuevo convenio de pago, el juez declararía la quiebra formal, lo que implicaría el remate de bienes. Evidentemente, el plan maestro es forzar un acuerdo antes de llegar a ese extremo fatal.
4. El SAT en la misma sala de espera que Wall Street
La genialidad perversa de esta estrategia jurídica radica en cómo mezcla a todos sus adversarios en la misma bolsa. Al abrir este proceso judicial, el conglomerado mete al SAT en la misma sala de espera donde se encuentran los banqueros neoyorquinos.
Aunque la ley establece que los créditos fiscales tienen preferencia de cobro sobre las deudas comunes, el SAT se ve obligado a sentarse a la mesa de reestructuración. El mensaje indirecto de los abogados de la empresa hacia el gobierno es claro y contundente.
Les dicen que si Hacienda los asfixia cobrando los 20 mil millones de golpe, la compañía colapsará. Si eso ocurre, miles de trabajadores perderán su empleo y las finanzas del grupo se hundirán, dejando a todos sin cobrar un solo centavo.
Es una táctica de rehén corporativo. Utilizan la presión internacional para frenar al gobierno local, y utilizan la burocracia del gobierno local para desesperar a los inversores internacionales. Un ajedrez financiero diseñado para ganar tiempo.
5. ¿Se saldrán con la suya? El dilema moral y político
Más allá de la brillantez técnica de los despachos de abogados que diseñaron esta ruta, el caso plantea un profundo dilema ético y político para el Estado mexicano.
Mientras el ciudadano de a pie sufre recargos, multas y embargos inmediatos por retrasarse unos días en su declaración de impuestos, los mega corporativos demuestran que tienen los recursos para torcer los tiempos de la ley a su favor.
El concurso mercantil fue creado originalmente para salvar empresas en desgracia genuina y proteger las fuentes de empleo, no para ser utilizado como un chaleco antibalas frente a obligaciones fiscales evadidas durante años a través de amparos interminables.
La pelota está ahora en la cancha del Poder Judicial y de la Secretaría de Hacienda. Si el juez permite que esta etapa de conciliación se alargue indefinidamente, o si el gobierno cede a un convenio de pago con condiciones ridículamente favorables, la percepción pública será de impunidad absoluta.
La televisora ha movido su pieza más pesada en el tablero. Ahora, el país entero observa atentamente para descubrir si el peso de la ley es verdaderamente parejo, o si los multimillonarios siempre encuentran la manera legal de no pagar la cuenta.
