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n Guanajuato hay más de 3 mil 800 personas desaparecidas que cada día son buscadas por sus familias. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos años. En el estado, que desde 2018 encabeza la lista con más asesinatos en el país, se ha formado un movimiento de 22 colectivos que luchan por el encuentro y la restitución de sus seres queridos.
En su mayoría integrados por mujeres, estos grupos han vivido bajo constante amenaza, pues en tan sólo tres años seis personas buscadoras fueron asesinadas y decenas han sido desplazadas o amenazadas. Ante la incapacidad o la indolencia de las autoridades, se han formado brigadas independientes de búsqueda que día tras día arriesgan su vida para llegar donde las instituciones no quieren o no pueden.
Salvatierra es un pueblo mágico de la región sur de la entidad, con poco menos de 100 mil habitantes y muchos atractivos turísticos. Pero sus extremas maravillas y la amabilidad de su gente conviven con dramáticas violencias y connivencias de poderes fácticos y oficiales.
El martes 20 de octubre de 2020, familiares de personas desaparecidas encontraron un predio que estaba siendo usado como campo de exterminio y ocultamiento de personas inocentes. Durante 40 días, familias salvaterrenses, colectivos del estado y personas solidarias participaron en prospecciones y exhumaciones, rescatando los restos de 80 personas en 65 entierros ilegales.
Aquel día, a orillas del caudaloso río Lerma, niños y niñas jugaban en el ecoparque El Sabinal. Mientras tanto, del otro lado del río, por Rancho Nuevo, muy cerca del centro histórico, se destapaba una enorme fosa común, un epicentro de dolor, atrocidades e impunidad que los perpetradores mantuvieron durante años bajo control.
El colectivo Ángeles de pie por ti aglutina a decenas de familias de Salvatierra y de la región quienes, desde 2021, luchan por convertir aquel terreno en un jardín de memoria y paz que dignifique a las víctimas, sustrayéndolo al dominio de las bandas criminales y de sus redes de protección.
La construcción de un lugar para la memoria, contra la estigmatización para la no repetición, es un derecho de las víctimas y responde a las mejores prácticas internacionales, pero ha sido un proceso lento y accidentado, debido a la escasa voluntad política de las autoridades, particularmente del municipio y del ejecutivo estatal que, prácticamente, han abandonado las negociaciones y aducen razones presupuestales o legaloides para no avanzar.
Así lo señala una carta enviada al gobernador, Diego Sinhue, el pasado 19 de noviembre, por Raymundo Sandoval, coordinador del Consejo Consultivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal: El predio está disponible para su adquisición. Podría rehabilitarse y protegerse para evitar que allí se sigan cometiendo delitos y para emprender su transformación en un lugar de vida y de paz. Consideramos que el proceso de construcción de un lugar para la memoria en Salvatierra debería aprobarse y concretarse en un tiempo razonable y que usted, en calidad de gobernador constitucional del estado, tiene plenas facultades para responder a esta petición y hacerlo realidad
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En espera de una respuesta y una hoja de ruta al respecto, el propio colectivo, al finalizar ese mismo día una visita y ceremonia religiosa en el sitio, la exposición de proyectos y maquetas para su acondicionamiento y el foro Vida por vida
, emitió un comunicado, denunciando que en junio fueron encontrados en el lugar objetos personales de una persona que había sido encontrada sin vida en la vecina ciudad de Tarimoro, así que se hace más urgente el pronto resguardo y reconversión de este lugar.
Las familias, acompañadas por organizaciones como Serapaz, la Universidad Iberoamericana León y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, así como por otras agrupaciones de víctimas del estado y del país, han emprendido un camino de sensibilización para con la sociedad, impulsando la reapropiación simbólica y material del sitio, los trabajos de memoria en comunidad y la construcción de presentes dignos frente al continuum de violencias imperante.
El hallazgo de Salvatierra en 2020 es un parteaguas en la historia de Guanajuato. Evidenció la persistente ausencia de justicia y la continuidad de las desapariciones. Hasta aquel momento, ni el concepto ni la realidad de las fosas clandestinas habían sido reconocidas oficialmente en la entidad. No hubo presencia significativa del Estado en uno de los hallazgos más impactantes en la historia reciente de México. No hubo en su momento discursos y acciones contundentes que lanzaran un claro mensaje antimafia al crimen organizado local y al medio político para que comenzara a cambiar la situación.
La sociedad en la región se quedó pasmada y paralizada un tiempo, casi fingiendo no entender o no saber, pero poco a poco la emergencia de redes y tejidos solidarios va contrastando el olvido y el miedo. No puede haber normalidad si el terror se repite y el daño no se repara. Lamentablemente, la muerte y la desaparición siguen teniendo permiso en Salvatierra, así que, ahora como nunca, la sociedad y las autoridades son interpeladas para apoyar, moral y materialmente, la construcción común de un sitio para la memoria, la justicia, la no repetición y la búsqueda de quienes nos siguen faltando.
