Por: Redacción de Política y Justicia | Fecha: 08 de diciembre de 2025 Tiempo de lectura: 10 minutos
Veracruz ha despertado con una noticia que, aunque esperada por muchos, no deja de sacudir los cimientos políticos de la entidad. Tras poco más de cinco años al frente de uno de los organismos más sensibles y criticados del estado, Verónica Hernández Giadáns presentó su renuncia como Fiscal General. Su salida, oficializada ante el Congreso local este lunes, marca el cierre de un capítulo caracterizado por la polémica, los señalamientos de vínculos incómodos y una confrontación permanente con colectivos de víctimas que nunca vieron en ella a una aliada real.
La gestión de Verónica Hernández Giadáns, que inició como un interinato prometedor tras la destitución de Jorge Winckler, terminó convertida en una administración cuestionada por su eficacia y su autonomía. A continuación, desglosamos las cinco claves críticas para entender por qué su renuncia no es solo un trámite administrativo, sino el síntoma de una crisis profunda en la procuración de justicia veracruzana.
1. La «renuncia voluntaria» y la presión de la reforma
Aunque la versión oficial cita «motivos personales» y una coincidencia institucional con las nuevas reformas constitucionales, la realidad política sugiere un escenario distinto. Verónica Hernández Giadáns deja el cargo justo cuando el Congreso de Veracruz ha aprobado modificaciones que reducen el periodo del fiscal de nueve a cuatro años. Esta reforma no es un simple ajuste burocrático; es una herramienta legislativa que, según analistas, tenía una dedicatoria implícita para renovar un liderazgo que ya resultaba insostenible para la nueva configuración política del estado.
Al dimitir, Verónica Hernández Giadáns evita el desgaste de un proceso de remoción o evaluación que podría haber sido mucho más público y hostil. Su salida anticipada permite una transición que, en el papel, parece ordenada, pero que en los pasillos del poder se lee como el resultado de una pérdida de confianza política. La fiscal, que llegó cobijada por la administración de Cuitláhuac García y la operación política desde la Secretaría de Gobierno, terminó su ciclo aislada y sin el blindaje que la sostuvo durante sus primeros años.
2. La sombra indeleble de «La Jefa» y los vínculos familiares
Ningún escándalo marcó tanto la gestión de Verónica Hernández Giadáns como la revelación de sus lazos sanguíneos. En enero de 2020, durante una comparecencia que debía ser de rutina, la entonces encargada de despacho tuvo que admitir públicamente ser prima hermana de Guadalupe Hernández Hervis, alias «La Jefa», señalada por autoridades federales como operadora de la organización criminal de Los Zetas.
La frase «a la familia no se le elige» se convirtió en su escudo y su condena. Si bien Verónica Hernández Giadáns aseguró tener décadas sin contacto con su familiar, el estigma de este vínculo persiguió cada una de sus acciones. Para una sociedad veracruzana golpeada por la violencia de los cárteles, tener a una fiscal con nexos directos —aunque fueran solo consanguíneos— con el crimen organizado generó una desconfianza estructural. ¿Cómo podía la ciudadanía confiar plenamente en la imparcialidad de las investigaciones contra grupos delictivos cuando la sombra de la sospecha recaía sobre la propia titular? Este cuestionamiento ético fue una losa que nunca logró quitarse de encima.
3. La deuda impagable con los colectivos de búsqueda
Si algo definió el periodo de Verónica Hernández Giadáns, fue la ruptura con las madres buscadoras. Colectivos emblemáticos como el Solecito de Veracruz mantuvieron una postura crítica y combativa, llegando a bloquear los accesos de la Fiscalía y del Congreso en múltiples ocasiones. La exigencia era clara: resultados reales en la identificación forense y el fin de la simulación en las carpetas de investigación.
Bajo la administración de Verónica Hernández Giadáns, Veracruz continuó siendo un cementerio clandestino. Aunque en sus informes presumía la disminución de ciertos delitos de alto impacto, las cifras de desaparecidos y el rezago en los servicios periciales contaban otra historia. Las familias acusaron constantemente a su oficina de insensibilidad, burocracia y de maquillar cifras para complacer la narrativa oficial de seguridad. La renuncia de la fiscal es vista hoy por estos grupos no como una victoria, sino como el reconocimiento tardío de una incapacidad para resolver la crisis humanitaria que vive la entidad.
4. La «puerta giratoria» y el fracaso ante los jueces federales
Otro flanco débil que precipitó el desgaste de Verónica Hernández Giadáns fue la debilidad técnica de sus acusaciones. Durante su mandato, se volvió común un patrón alarmante: la Fiscalía realizaba detenciones mediáticas de alto perfil —a menudo contra opositores políticos o figuras incómodas— que se desmoronaban al llegar a los tribunales federales.
Jueces de distrito exhibieron una y otra vez la falta de pruebas sólidas, el uso de testigos protegidos dudosos y la violación al debido proceso en las carpetas integradas por el equipo de Verónica Hernández Giadáns. Casos polémicos, como las acusaciones contra exfuncionarios o actores políticos acusados de «ultrajes a la autoridad» (un delito que incluso fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte), demostraron que la Fiscalía operaba más como un brazo de control político que como un órgano técnico de justicia. Esta incompetencia jurídica no solo costó recursos al estado, sino que erosionó la credibilidad de la institución ante el Poder Judicial de la Federación.
5. Una Fiscalía al servicio del poder, no de la justicia
El legado más cuestionable de Verónica Hernández Giadáns es, quizás, la politización de la justicia. Su llegada al cargo se dio en medio de una maniobra legislativa para remover a su antecesor, Jorge Winckler, y su permanencia estuvo siempre ligada a la lealtad hacia el Ejecutivo estatal en turno. La autonomía de la Fiscalía, un requisito indispensable en cualquier democracia, fue percibida como inexistente durante su gestión.
Críticos y organismos de la sociedad civil señalaron repetidamente que la agenda de Verónica Hernández Giadáns parecía dictada desde el Palacio de Gobierno y no desde las necesidades de las víctimas. La rapidez para actuar contra enemigos políticos contrastaba dolorosamente con la lentitud para investigar feminicidios o extorsiones que afectan al ciudadano de a pie. Al renunciar hoy, deja una institución que requiere urgentemente ser reconstruida, no solo en su estructura operativa, sino en su independencia moral y política.
El futuro inmediato: ¿Más de lo mismo?
Con la renuncia de Verónica Hernández Giadáns aceptada, el Congreso de Veracruz tiene ahora la tarea de nombrar a un sustituto. La preocupación latente es si este cambio de estafeta significará una verdadera transformación o simplemente el ascenso de un nuevo alfil político. Nombres ya circulan en la baraja de posibles sucesores, pero el reto mayúsculo será convencer a una sociedad escéptica de que esta vez la justicia no tendrá dueños ni parientes incómodos.
La salida de Verónica Hernández Giadáns cierra un ciclo, pero no resuelve los problemas. La violencia, la impunidad y las fosas clandestinas siguen ahí, esperando a un fiscal que tenga la capacidad técnica y la voluntad ética que, a juicio de muchos veracruzanos, faltó en estos últimos cinco años.
Conclusión: Un adiós sin aplausos
Verónica Hernández Giadáns se va por la puerta de atrás, dejando una estela de dudas y una crisis forense sin resolver. Su renuncia es un alivio para sus críticos, pero una alerta para la ciudadanía: en Veracruz, los nombres cambian, pero la urgencia de justicia permanece intacta. La historia juzgará su paso por la Fiscalía no por sus discursos de despedida, sino por los expedientes que dejó empolvándose en los escritorios de un estado sediento de verdad.
