A unas horas de que Gabriela Cuevas dejara el cargo como jefa delegacional en Miguel Hidalgo, las autoridades capitalinas ofrecieron una conferencia de prensa para acusar a la ex delegada de haber obstaculizado inversiones privadas en esa demarcación por 15 mil millones de pesos, por haber presentado una controversia constitucional contra el programa de Desarrollo Urbano de esa jurisdicción.
En la conferencia, Arturo Aispuro, secretario de Desarrollo Urbano local, y la Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, enumeraron los impactos negativos que tuvo esa controversia, promovida por Gabriela Cuevas en el desarrollo económico e inmobiliario.
Explicaron que cuanto Cuevas interpuso la controversia, se suspendió temporalmente la aplicación del programa delegacional de desarrollo, lo que también suspendió todos los trámites de inversiones y usos de suelo.
Explicaron que así se impidió en su momento el inicio de 25 proyectos de inversión que habrían generado 30 mil empleos directos.
Además, la ciudad dejó de recaudar 120 millones de pesos por esos 25 proyectos suspendidos. Casi tres mil 500 solicitudes de trámites relacionados con obras, usos de suelo e inversiones también quedaron suspendidos.
En el Registro Público de la Propiedad interrumpieron más de 600 trámites de esa demarcación.
Sin embargo, la consejera Leticia Bonifaz dio a conocer que el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó la suspensión provisional contra el Programa de Desarrollo Delegacional, lo que permitirá reactivar las inversiones y trámites suspendidos.
A fin de actuar contra el rezago que dejó es suspensión, se creará una ventanilla especial que permanecerá abierta incluso en las próximas vacaciones de Semana Santa para atender todas las gestiones que quedaron pendientes.
Durante la conferencia, Arturo Aispuro dijo que hechos como este no deben repetirse en la ciudad, pues quedó claro cuáles son los efectos negativos de una actitud personal y política en detrimento del desarrollo de la ciudad.
