Y por lo que se ve, aun dará muchísimo mas que decir, el sábado pasado, por si usted apreciable amigo lector no le prestó mucha atención, el supuesto representante de la clínica californiana Shriners en Sonora, Alberto Barrera Robinson, acusó a las autoridades del IMSS de impedir que una de las víctimas del incendio en Hermosillo (en el que murieron 46 niños) fuera atendido allá, en el extranjero.
Bien, pues sucede que un representante de la misma Shriners lo desmintió, así como las autoridades del Seguro Social.
¿Alguien podrá ponerse de acuerdo antes de siquiera abrir la boca?, el incidente pasaría desapercibido, a no ser por dos hechos importantes: Uno, que el hijo del acusador, Alberto Barrera, es director general de Administración de la Secretaría de Salud Pública del gobierno de Eduardo Bours. Y dos, que el mismo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estuvo en el estado tratando de detener la ola de acusaciones entre autoridades de los tres niveles, que al no aguantar la papa caliente se la lanzan entre sí.
Pero en serio, quizá usted así como yo se preguntara, ¿el es el secretario de gobernación?, puesto que más tardó el avión de Gómez Mont en aterrizar en el DF que una de las partes en romper esta especie de tregua, que busca tiempo para que la PGR avance en sus investigaciones.
Fuera grillas, lo mejor será que la oficina de Eduardo Medina Mora presente cuanto antes culpables con nombre y apellido. El manoseo político del caso es poco digno cuando se habla de vidas segadas y mas las de unos inocentes tan bellos como lo son los niños.
