Con el objetivo de favorecer el desarrollo económico y mantener la paz social en Ixcotla, municipio de Molango, Hidalgo, las autoridades estatales, la minera Autlán y pobladores de la región, lograron llegar a un consenso que prioriza las demandas de las comunidades de la sierra hidalguense.
Por solicitud de pobladores y transportistas, la autoridad estatal intervinó y realizó un operativo el 15 de octubre, que contó con la participación permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la cual verificó el respecto a las garantías individuales de todos los involucrados.
En un comunicado de las autoridades estatales, se explicó que la finalidad de estas acciones fue hacer valer el interés de las comunidades, por encima de intereses económicos de un pequeño grupo de pobladores, que pretendía imponer cuotas como peajes, entrega de dinero, donaciones de terrenos y pagos de recibos a particulares.
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El diálogo prevaleció en las acciones implementadas por las autoridades y “no se empleó ningún instrumento de uso de la fuerza”, informó el gobierno estatal en un comunicado, además el Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad, informó que en todo momento realizó monitoreos privilegiando la vida, la seguridad y la dignidad de las personas detenidas, que mantuvieron contacto permanente sus familiares.
Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que lo más importante en su gestión es “privilegiar la paz social e impulsar el desarrollo económico de sus pueblos, incluyendo a todas las comunidades y así garantizar un verdadero desarrollo incluyente”.
Derivado de estas acciones se detuvo a seis personas que pusieron resistencia, “en este sentido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo reconoce la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que mostró un ejercicio planificado para la prevención de posibles casos de violencia”, explicó el documento.
Resuelven conflicto con diálogo
Este evento es un ejemplo de soluciòn de conflictos en conjunto con autoridades y pobladores, de esta forma se logró poner fin a un conflicto que afectó por semanas al menos a 4 mil habitantes de la región, y provocó un “paro técnico” en la minera Autlán, lo que afectó la vida diaria del propio municipio de Molango.
El Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad continuará monitoreando que los procesos emprendidos por las instituciones gubernamentales estén apegados a la ley y la dignidad humana, que se agoten todas las investigaciones sin actos de corrupción y que no exista duda razonable al dictaminar su libertad o su sentencia
JGR
