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La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, obtuvo orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso por un juez, por el delito de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades, contra Abril Susana del Pilar R, pareja de Antonio Pinedo, quien fue vocero de Javier Corral. 

Lo anterior luego de que el juzgador del Tribunal Superior de Justicia, consideró, después de la exposición del Ministerio Público del organismo autónomo, que existen elementos para aplicar la vinculación, ya que la imputada figura en una serie de trámites para la asignación de contratos a empresas con conflicto de interés, además de su presunta participación en el desvió de 9 millones 370 mil 176 pesos del erario público.

La imputada continuará su proceso en libertad con las medidas cautelares de firma periódica, prohibición de salir del estado y pago de garantía económica. 

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Según se detalló en la audiencia, durante el mes de febrero de 2018, se llevaron a cabo 5 adquisiciones de bienes y servicios con cargo al Gobierno del Estado de Chihuahua de manera ilegal, pues se encontraban impedidos para hacerlo, toda vez que se configuró un conflicto de interés, derivado de la existencia de relaciones sentimentales y familiares con la apoderada y el representante legal de las empresas adjudicadas. 

Esta sería la segunda detenida por presuntos actos de corrupción, relacionados con la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, durante la primera etapa del quinquenio de Javier Corral Jurado, dependencia que era encabezada por Antonio Pinedo, actualmente prófugo de la justicia.

Por el mismo caso las autoridades de Chihuahua vincularon a proceso el año pasado a Paulina del Rocío – hermana de Abril Susana –, quien está acusada por uso ilegal de facultades y atribuciones.

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua encontró irregularidades durante la revisión de la Cuenta Pública 2021, correspondientes a la administración de Javier Corral.

Dentro de los hallazgos se encuentran desvío de recursos, cheques apócrifos, atraso en obra pública, planteles escolares sin acreditación, negligencias en el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), pagos sin comprobar, entre otros.

JGR

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