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Nacional Monte de Piedad, que opera desde hace 245 años, se acerca peligrosamente a la insolvencia, advirtió su director general, Javier de la Calle.

Aseguró que esto se debe a que el mercado prendario ha cambiado, porque ya hay más fuentes de financiamiento, y porque no puede sostener un contrato colectivo tan oneroso, pues le representa 66 por ciento del total de sus costos operativos.

En cuatro a seis años, enfatizó, el Monte de Piedad se podría declarar totalmente insolvente y sin la posibilidad de indemnizar a sus trabajadores.

“Hemos recurrido con peritos financieros expertos, creemos que estamos en una situación donde no habría retorno en un par de años, pero ya de ahí no habría manera de salvarla y en cuatro o seis años la institución sí estaría totalmente insolvente.

“Por eso la urgencia de llegar a un acuerdo, entre más pronto lo hagamos, más beneficio les vamos a poder dar a los trabajadores”, subrayó De la Calle.

Ni la institución ni el Sindicato de Empleados y Trabajadores de Nacional Monte de Piedad piensan ceder y eso ha provocado varios emplazamientos a huelga. El último vence el 20 de enero de 2023.

“Estamos dispuestos a hacer una liquidación de acuerdo a la ley, de acuerdo al propio contrato y dar cantidades adicionales a las que estamos obligados. Al mismo tiempo ofrecerles la posibilidad de recontratarse en la propia institución con un contrato colectivo moderno, que les permita a ellos poder crecer de forma adecuada por mérito”, describió.

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Mientras tanto, la institución interpuso un recurso denominado conflicto colectivo de naturaleza económica, donde se daría terminada la relación laboral si el fallo les favorece.

Dijo que se llegó a este momento por una combinación de factores, entre ellos que el mercado ya no se interesa en obtener un préstamo a cambio de alhajas porque también tienen otras fuentes de financiamiento.

Esto ha llevado a que Monte de Piedad cierre algunas de sus sucursales, tan solo fueron 18 en el mes de noviembre. De tal forma que pasaron de 319 a 301 sucursales.

Además, está la situación de las prestaciones vitalicias que pesan en el contrato colectivo, que es uno de los más antiguos en el País.

“Es un contrato muy viejo y se ha venido complicando al pasar de los años. Es absolutamente insostenible”, subrayó De la Calle.

Detalló que el 66 por ciento del costo total de la institución corresponde al contrato colectivo de trabajo, el resto lo constituyen la renta de los locales, papelería, pago de licencias, sueldo de todo el personal de confianza.

Señaló que beneficios como seguro médico vitalicio es parte de lo que hace caro al contrato colectivo.

“Una huelga tendría un impacto brutal y harían que estos tiempos se acortarían de manera drástica. Si nos vamos a huelga estaríamos quebrando en meses”, advirtió.

Puedes leer la nota original en Reforma

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