El Senado comenzó a debatir el miércoles el proyecto de ley para cancelar una deuda millonaria con los acreedores en cese de pagos desde 2001, un acuerdo que el presidente Mauricio Macri considera vital para atraer inversiones y poner en marcha la economía argentina.
El cabildeo del gobierno para negociar, en un parlamento que no controla, le habrían asegurado al presidente la emisión de deuda por un máximo de 12.500 millones de dólares destinados a resarcir a los acreedores que demandaron al país sudamericano en una corte de Nueva York.
El arreglo con los denominados ‘fondos buitres’ “puede ser un punto de inflexión en nuestra economía”, dijo el senador Julio Cobos, del frente oficialista Cambiemos, y miembro informante del proyecto. “Permitirá recuperar el acceso al crédito internacional”, agregó.
La disputa por la deuda se remonta a la crisis financiera de fines de 2001, cuando Argentina entró en cese de pagos por unos 100.000 millones de dólares. La mayoría de los acreedores renegociaron lo adeudado en dos canjes en 2005 y 2010, que implicaron importantes descuentos; pero un grupo minoritario se negó y algunos de ellos llevaron el caso a los tribunales de Nueva York y ganaron.
En 2012 un juez estadounidense dictaminó a favor de los holdouts y bloqueó los pagos a los bonistas reestructurados, con lo cual Argentina incurrió en una nueva cesación de pagos técnica. Si bien la sentencia no superaba los 1.500 millones de dólares, la negativa del entonces gobierno de Cristina Fernández de cumplir con el fallo llevó a que esa cifra se triplicara, a lo cual se sumaron nuevas demandas.
Las negociaciones con los bonistas litigantes fue una de las primeras medidas que encaró Macri tras asumir la presidencia el 10 de diciembre de 2015 por considerar que un acuerdo es vital para mejorar la imagen del país y atraer las inversiones que impulsen a la economía.
Toda decisión concerniente a la deuda del país debe contar con el aval del Congreso.
Tras lograr el respaldo en la Cámara de Diputados a mediados de marzo, el gobierno tendría los votos favorables de más de la mitad de un total de 72 senadores. Para ello fue determinante el apoyo de la mayoría de los gobernadores peronistas, jefes políticos de los senadores y cuyas administraciones provinciales dependen en gran medida del giro de fondos de la Nación.
“Votaré positivamente porque estamos cumpliendo con una sentencia. Pero no estoy ni conforme ni tranquila”, apuntó la senadora peronista Norma Durango.
Entre las voces disidentes a la iniciativa están senadores peronistas que todavía responden al liderazgo político de la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y de centro-izquierda.
“Nos quieren vender una crisis para que compremos un endeudamiento caro y en malos términos. Nos está llevando derechito al infierno”, expresó la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien milita de La Cámpora, la agrupación juvenil dirigida por el hijo de la ex mandataria, Máximo Kirchner.
“Que van a llover las inversiones es una falacia más…el clima de inversiones pasa primero por la gobernabilidad de la Argentina, la seguridad jurídica y la paz social”, agregó.
Se espera que la iniciativa se vote pasada la medianoche del jueves.
La misma contempla la derogación de dos leyes que imposibilitan alcanzar un acuerdo con los acreedores porque, entre otros aspectos, impiden realizar ofertas por encima de los montos pagados a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.
Además establece que todos los bonistas que cobren no podrán litigar contra Argentina.
Se condiciona asimismo el pago a los acreedores a que un tribunal de Estados Unidos realice un “efectivo levantamiento de las medidas cautelares” que impiden a Argentina pagar a los tenedores de títulos que aceptaron las reestructuraciones y provocaron que el país entrara en un default selectivo.