Es evidente que el presidente López Obrador es un hombre desconfiado. Seguramente a través de su larga carrera política ha sido testigo de dolorosas traiciones, engaños y deslealtades. El camino del poder generalmente transita por tierras fangosas e inseguras.
Con toda seguridad, -pretendiendo protegerse-, ha optado desde que asumió la presidencia, por gobernar rodeado de gente leal, aunque no tenga experiencia, e incluso ni siquiera el perfil profesional mínimo.
Como consecuencia está pagando el costo de encabezar un gobierno ineficiente e incapaz para dar resultados. La improvisación de funcionarios ha sido alarmante, dejando ir a gente muy profesional, experimentada y eficiente, para sustituirla con gente improvisada pero leal a su persona.
De este modo vemos que sus opciones para cargos importantes son gente cercana a él desde hace tiempo, recomendados y hasta familiares de sus colaboradores cercanos y amigos, como fue la propuesta de integrar a la Junta de Gobierno de Banxico a Omar Mejía Castelazo, quien no cubre el perfil para un cargo tan importante, -y menos aún-, comparado con la currícula profesional de Gerardo Esquivel, quien acaba de dejar el cargo de subgobernador de El Banco de México y a quien Mejía Castelazo sustituiría.
La curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios ha sido muy cara para el país.
Esta cadena de lealtades también ha propiciado una cadena de complicidades, de la cual aún
no vemos su impacto final.
Sin embargo, para justificar la ineficiencia de esta nueva generación de funcionarios improvisados, -sin más mérito para ocupar altos cargos que la lealtad incondicional-, el presidente ha creado una narrativa de desprestigio para los que estaban antes, en la cual la corrupción es el tema más recurrente.
Si este gobierno fuese una gran empresa, ya se hubieran visibilizado los resultados operativos negativos, evidenciados por la presión de la competencia. Sin embargo, el gobierno opera como si fuese un monopolio y por tanto, tarda en visibilizarse el daño patrimonial resultante de la inexperiencia, de la falta de conocimientos y de la improvisación de muchos de los actuales funcionarios de alto nivel jerárquico.
No es lo mismo la política, que la administración pública. En la política el sentido común es suficiente, pero no en las acciones de gobierno, donde se requieren conocimientos altamente especializados y experiencia.
Otra hubiese sido la historia si el presidente se hubiera rodeado de los mejores funcionarios de este país y les hubiese puesto controles para garantizar la confianza. Si hubiese tenido como objetivo la eficiencia, su gestión hoy tendría el reconocimiento que le es tan importante.
Sólo basta rascar un poco en los perfiles de los funcionarios que ocupan cargos importantes para descubrir la vinculación con él.
Con esta estructura, -formada a partir de la desconfianza-, este gobierno ha quedado atrapado en una red de lealtades y complicidades.
La gente abusa cuando tiene la oportunidad de sacar beneficio personal y además, sabe que cuenta con la protección del poderoso, lo cual genera corrupción e impunidad.
La desconfianza no solo ha generado ineficiencia gubernamental, -sino que, además-, un entorno de conflicto que ha enrarecido el ánimo nacional.
La desconfianza que caracteriza a nuestro presidente ha sido una camisa de fuerza que le ha limitado, privándole de la oportunidad de tener a su disposición a muchos mexicanos preparados y experimentados que podrían haberle aportado su talento para ayudarle a construir ese gran proyecto de nación que prometió.
Si él no logró consolidar ese gran proyecto de país mientras tuvo el poder, menos lo hará su sucesor, aunque él haya logrado imponerlo de entre sus colaboradores.
LA PÉRDIDA DE CONFIANZA
Ya son muchas las organizaciones civiles y otras de tipo profesional que se han manifestado frente a la situación de la ministra Yasmín Esquivel Mossa como parte de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que está en juego no debiese ser la legalidad jurídica de la decisión final respecto a que le quiten o nó el título universitario, -a partir del último veredicto de la UNAM-, que confirmó la existencia de plagio en un 90%.
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Son las faltas éticas y morales que ella cometió después, -estando en su actual cargo dentro de la SCJN-, para justificar su versión.
Estas faltas ponen en evidencia la “pérdida de confianza” en el soporte ético de sus decisiones dentro del máximo tribunal constitucional.
Si la probidad y la honorabilidad de un impartidor de justicia deben ser incuestionables, más aún para quien forma parte del máximo tribunal jurídico.
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Su posición ya es insostenible y por tanto, ella debiese renunciar por propia iniciativa, ofreciendo una disculpa pública a sus compañeros y a toda la SCJN, así como también a toda la sociedad mexicana.
Sea cual fuere el resultado final, el caso de la ministra Esquivel seguramente sentará un precedente de gran significación que impactará la imagen de la justicia en México.
UBER EN CANCUN
La amenaza de los taxistas en la Riviera Maya frente a la entrada de Uber y los servicios contratados a través de una aplicación digital, lo que evidencia es la existencia de monopolios que impiden la libre competencia.
¿Por qué la COFECE, -entidad responsable de garantizar la competencia económica-, no se ha manifestado al respecto?
La prioridad debiese ser el derecho del ciudadano a tener el máximo de opciones para tomar su decisión personal respecto a la contratación de un servicio público.
¿A usted qué le parece?
Twitter: @homsricardo
JGR
