La reforma a la Ley de Vivienda ya está sobre la mesa del Senado de la República. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el dictamen con 356 votos a favor y 99 en contra, el paquete legislativo fue enviado a la cámara alta para su análisis y votación final. Lo que se defina ahí afectará directamente el acceso a la vivienda de millones de mexicanas y mexicanos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone cambios profundos que van desde la definición misma del derecho a la vivienda hasta el papel que jugarán organismos como el Infonavit y el Fovissste en la construcción, el financiamiento y el arrendamiento de hogares. No es un ajuste menor: es una reconfiguración del sistema habitacional del país.
A continuación, los 3 puntos que concentrarán el debate en el Senado y que todo ciudadano debería conocer antes de que se emita el voto final.
- El concepto de «vivienda adecuada»: más que un cambio de palabras
¿Qué propone la reforma a la Ley de Vivienda?
El primer gran cambio de esta reforma a la Ley de Vivienda es la sustitución del concepto de «vivienda digna y decorosa» por el de «vivienda adecuada». Aunque pueda sonar como un detalle semántico, tiene consecuencias jurídicas importantes.
Bajo la nueva definición, una vivienda solo podrá considerarse adecuada si cumple con ocho criterios específicos: accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación apropiada. Estos elementos provienen de estándares internacionales establecidos por ONU-Hábitat y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
¿Por qué importa en el Senado?
Lo que el Senado deberá decidir es si esta definición tiene los mecanismos suficientes para ser exigible. Tener un estándar en la ley no garantiza su cumplimiento si no hay instrumentos de supervisión, metas medibles y sanciones claras. Desde la oposición ya se señaló que la reforma establece parámetros aspiracionales sin garantías operativas suficientes.
La Ley de Vivienda, de aprobarse en estos términos, también obligará a que la Política Nacional de Vivienda incorpore estrategias específicas para que los organismos de financiamiento y construcción participen de manera coordinada en alcanzar esas metas. Esto implica compromisos presupuestales que aún no están del todo definidos.
- El nuevo rol del Infonavit: ¿constructor, arrendador o ambos?
Un cambio de fondo en la institución
El segundo gran debate que llegará al Senado gira en torno al Infonavit. La reforma a la Ley de Vivienda amplía significativamente las facultades de este organismo, que históricamente ha funcionado como una entidad de financiamiento crediticio. Con la nueva legislación, el Infonavit podrá adquirir terrenos, construir viviendas, rehabilitar inmuebles, realizar demoliciones, financiar autoproducción y arrendar propiedades.
Para ello, la reforma contempla la creación de una empresa filial encargada de la construcción de vivienda social. Esta filial no será considerada una entidad paraestatal, aunque sí estará sujeta a mecanismos de control por parte de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Auditoría Superior de la Federación.
El gobierno argumenta que el objetivo es construir un millón 800 mil viviendas con estándares de vivienda adecuada. De ese total, 500 mil estarían a cargo del Infonavit y otras 500 mil corresponderían a Conavi para personas que no son derechohabientes.
El punto de conflicto
La oposición en el Senado tiene objeciones concretas. El Partido Acción Nacional ha señalado que convertir al Infonavit en una constructora implica utilizar los fondos y las subcuentas de ahorro de los trabajadores para financiar proyectos inmobiliarios que el gobierno gestionaría directamente.
«Quieren regresar a los años 70 cuando el Infonavit construía mal, deficiente, caro y al final fue un desastre», declaró el diputado del PAN José Guillermo Anaya Llamas durante el debate en la Cámara baja. Por su parte, legisladores del PRI advirtieron sobre el posible incremento de intermediarios privados en los procesos de construcción y financiamiento, lo que podría generar opacidad en el manejo de recursos.
El debate en el Senado sobre este punto promete ser intenso: hay posiciones encontradas no solo entre partidos, sino también dentro de sectores del ámbito laboral y empresarial que esperan definiciones concretas sobre quién controla la operación y cómo se protege el patrimonio de los trabajadores.
- El arrendamiento social: una figura nueva con preguntas sin responder
¿Qué es y para quién sería?
El tercer tema que concentrará la atención del Senado al debatir la Ley de Vivienda es el arrendamiento social. Esta figura, ya contemplada en la reforma al Infonavit publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2025, ahora se integra formalmente al nuevo marco de la legislación habitacional.
El arrendamiento social permitirá a trabajadores derechohabientes acceder a una vivienda mediante el pago de una renta accesible, con la posibilidad de adquirirla al término del contrato. Los montos de las rentas se calcularán bajo criterios sociales, sin fines de lucro ni especulación comercial, y considerando el nivel salarial del trabajador.
La propuesta apunta especialmente a jóvenes, jefas de familia y personas con ingresos de uno o dos salarios mínimos que hoy no tienen posibilidad real de acceder a un crédito hipotecario tradicional. «Vamos a poder atender a personas que nunca habían tenido la oportunidad de pensar en tener un crédito», señaló la diputada Maiella Gómez Maldonado durante los debates en San Lázaro.
Lo que el Senado debe definir
El senador del PAN Miguel Márquez Márquez planteó una reserva relevante: que el requisito para acceder al arrendamiento social baje de los plazos actuales de cotización a solo un año, con el fin de que más trabajadores jóvenes puedan calificar desde etapas tempranas de su vida laboral.
Esta propuesta abre un debate más amplio sobre la cobertura real del esquema: ¿cuántas personas podrán acceder al arrendamiento social en la práctica? ¿Quién define las zonas donde se construirán esas viviendas? ¿Cómo se garantiza que estén bien ubicadas, cerca de fuentes de empleo, escuelas y servicios? Estas preguntas son las que la Ley de Vivienda aún no responde con claridad y que los senadores deberán presionar para que queden resueltas antes del voto final.
Lo que está en juego con esta reforma a la Ley de Vivienda
México tiene un déficit habitacional de varios millones de unidades. La brecha entre quienes necesitan una vivienda y quienes pueden acceder a ella ha crecido durante décadas, agravada por la especulación inmobiliaria, la gentrificación en ciudades como la Ciudad de México y Monterrey, y la falta de crédito accesible para los sectores de ingresos bajos.
La reforma a la Ley de Vivienda que hoy está en el Senado es el intento más ambicioso en años para atacar ese problema desde el Estado. Si se aprueba en los términos que llegaron de la Cámara de Diputados, cambiará el marco legal que rige el derecho a la vivienda, el papel de los organismos públicos y los mecanismos de acceso para los trabajadores.
La Ley de Vivienda no es solo legislación técnica. Es la respuesta del Estado a una pregunta cotidiana que millones de familias mexicanas se hacen cada mes: ¿cuándo voy a poder tener un hogar?
Lo que resuelva el Senado en los próximos días será parte de esa respuesta.
