â??Francamente no entiendo cómo una empresa que no tiene ninguna experiencia internacional en el levantamiento de biométricos, y genera tantas dudas sobre su actuación, haya podido ganar una licitación tan importante en Méxicoâ?, dice Alek-sander Boyd.
A lo largo de los últimos cinco años, este bloguero venezolano ha rastreado las actividades de la firma Smartmatic, designada por la SecretarÃa de Gobernación para proveer el equipo que registrará las huellas digitales y el iris de los mexicanos a fin de incluirlos en la nueva CURP que se fusionarÃa con la credencial para votar para crear la Cédula de Identidad y Participación Electoral (CIPE).
Boyd habla con Excélsior desde Londres, ciudad a la que llegó hace varios años para especializarse en geologÃa. TenÃa la meta de trabajar para Petróleos de Venezuela, pero el ascenso al poder de Hugo Chávez lo hizo desistir de regresar a su patria.
El reportero contactó a Boyd luego de que subiera un comentario en su blog sobre el proceso de licitación en México que dio como ganadora a Smartmatic. â??Lo que me asombra es que la prensa mexicana describa a Smartmatic como una empresa holandesaâ?¦ después de que se han expuesto sus vÃnculos con el régimenâ?, escribió Boyd. â??No hay duda alguna de que Smartmatic es tan holandesa como Hugo Chávezâ?.
A raÃz de que en 2004 Smartmatic proveyó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de las urnas electrónicas que se utilizaron en el referéndum presidencial de ese año para decidir la permanencia en el poder de Hugo Chávez, Boyd quiso saber cómo se habÃa constituido esa empresa y quiénes eran sus propietarios.
El bloguero se basó primero en información publicada por el periodista venezolano Orlando Ochoa. Ã?ste habÃa encontrado vÃnculos entre los fundadores de Smartmatic Antonio Mugica y Alfredo Anzolaâ?? con importantes personajes del gobierno de Chávez.
Entre ellos, el entonces vicepresidente José Vicente Rangel, cuya hija fungió como notaria para formalizar la constitución de una sociedad entre Smartmatic, la empresa Bizta Corp. y CANTV, la compañÃa estatal de telecomunicaciones.
Dicha operación tuvo lugar en el Registro Mercantil Quinto que dirige la abogada Gisela Rangel Dávalos, la hija del vicepresidente, en la planta baja del edificio Banaven, mejor conocido por los caraqueños como El Cubo Negro, en el barrio de Chuao.
De acuerdo con las investigaciones de Boyd, esa sociedad fue el punto de partida para que Smartmatic pudiera firmar un jugoso contrato con el CNE, que muchos estiman en al menos 131 millones de dólares.
La empresa se hizo cargo de proveer al CNE de las urnas electrónicas que se usarÃan en el referéndum, mismas que fueron compradas a la firma italiana Olivetti. Para Boyd, una de las cosas más extrañas que ocurrieron en ese entonces fue que quien acudió a Italia a cerrar la operación no fue algún directivo de Smartmatic, como Mugica o Anzola, sino el propio presidente del CNE, Jorge RodrÃguez.
Boyd también ha publicado las discrepancias que se han hecho públicas sobre la compra de las urnas electrónicas hace un lustro. Primero, que el modelo de máquina que oficialmente fue adquirido a Olivetti (AES300) no existe en su catálogo, y que el que finalmente llegó a Venezuela para el proceso comicial (MAEL 205) solamente habÃa sido usado anteriormente en loterÃas.
También dice que hay diferencias entre el costo oficial de las máquinas (el equivalente de casi 58 millones de dólares) y el que reportó la agencia noticiosa italiana ANSA (24 millones de dólares).
El referéndum fue ganado por Chávez con 59% de los votos a favor de su permanencia en el poder. Y aunque hubo quejas sobre el uso de las urnas electrónicas provistas por Smartmatic, hasta ahora no se ha podido probar que la tecnologÃa incidió en el resultado.
