Marzo 25 de 2015
Respecto a los pronunciamientos que integrantes de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos realizaron en torno al crédito que este Congreso autorizo al Poder Ejecutivo, expresamos lo siguiente:
– Que efectivamente el pleno del Congreso del Estado de Morelos en el año 2014 autorizo el inicio de una auditoria especial al ejercicio de un crédito por 2 mil 800 millones de pesos que le fue autorizado contratar al Poder Ejecutivo del Estado, misma auditoria que arranco en su momento la hoy extinta Auditoria Superior de Fiscalización.
– Este tema, entre otros que mostraban un rezago importante en su proceso de conclusión llevaron a los diputados de esta LII Legislatura local a iniciar un proceso de análisis de refundación del órgano de auditoria mismo que derivo en la extinción del antes citado organismo y en la creación de la Entidad Superior de Fiscalización (ESAF).
– En este contexto, los funcionarios encargados del proceso de revisión especial al multicitado crédito del Ejecutivo, previo de la extinción de la Auditoria Superior de Fiscalización entregaron en el mes de febrero del 2015 a la Comisión de Hacienda del Congreso un reporte preliminar de los resultados arrojados hasta ese momento, documento que no tiene ningún carácter definitivo ni oficial y solo corresponde a una parte del proceso de revisión mismo que hasta la fecha no ha concluido.
– En este sentido la Presidencia del Congreso del Estado de Morelos, reitera que la Auditoria Especial al crédito otorgado al Poder Ejecutivo sigue en curso y como diputados hemos hecho un llamado respetuoso al recién designado auditor general del Estado, José Vicente Loredo, a entregar a la brevedad un reporte final y el pliego de observaciones al Poder Ejecutivo, sin embargo es fundamental dejar en claro que los datos que se han revelado públicamente constituyen una clara violación al precepto de secrecía en la auditoria en cuestión ya que no existe ningún pliego de observaciones concluido y por ende no se ha dado la oportunidad al ente auditado (Poder Ejecutivo) de contestar, aclarar y solventar las observaciones, es decir no se han agotado las etapas que marca la propia Ley de Auditoria del Estado para advertir que existen o no malos manejos o malversación de fondos públicos.
– Virtud a lo anterior hacemos un llamado enérgico a los funcionarios de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización y de las Comisiones Legislativas del Congreso (en el caso específico de la Comisión de Hacienda) a evitar las filtraciones de datos y documentos que violenten la secrecía de un proceso de esta naturaleza afectando con ello la marcha misma de este procedimiento de contraloría.
– De ninguna manera estaremos en contra del derecho de la información, que es una garantía constitucional enmarcada en la libertad de expresión, sin embargo es prudente señalar que el artículo 33 del capítulo quinto del reglamento sobre la clasificación de la información pública de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales señala que “se puede clasificar información si se pone en riesgo los expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado o ejecutoria”, de esta forma sí existen elementos jurídicos para advertir que del tema en cuestión deriven responsabilidades administrativas del funcionarios que incurrieron en la difusión de los datos a destiempo.
– Reiteramos una vez más nuestro compromiso irrestricto con la transparencia y la rendición de cuentas, pero no compartimos de ninguna manera que este tema que es de la mayor de las importancias sea utilizado como instrumento de ataque político-electoral en contra del actual gobierno por algunos grupos que solo buscan desestabilizar y aprovechar coyunturas mediáticas para tratar de confundir a la opinión publica en torno a un proceso de auditoría que subrayamos aún no concluye.