Tanto las fuerzas del gobierno sirio como los insurgentes han cometido abusos de derechos humanos en la disputada ciudad de Alepo, en el norte de Siria, afirmó un grupo internacional de derechos humanos, señalando que algunas de las acciones de Damasco equivalen a crímenes contra la humanidad y Crimenes de guerra.
Alepo, en su día la mayor ciudad siria y su capital comercial, ha sido uno de los principales campos de batalla de la guerra civil desde que los rebeldes lanzaron un asalto a mediados de 2012 que dividió la urbe en una mitad controlada por el gobierno y otra por los insurgentes. Los combates de los últimos tres años han arrasado vecindarios, desencadenado una crisis humanitaria y forzado a cientos de miles de personas a huir. Los crimenes de guerra estan a la orden del día, varios por cada calle destruida.
Amnistía Internacional condenó en un nuevo informe la utilización que hace el gobierno de Damasco de las bombas de barril – grandes latas rellenas de explosivos y metralla – contra los barrios de la ciudad controlados por los rebeldes.
La campaña militar provocó “auténtico terror y sufrimiento insoportable”, señaló Amnistía, y forzó a muchos civiles “a sobrevivir en la clandestinidad para escapar a los incesantes bombardeos aéreos”.
“Atrocidades generalizadas, en especial los violentos e incesantes bombardeos aéreos sobre vecindarios civiles por parte de las fuerzas del gobierno, han hecho la vida de los civiles en Alepo cada vez más insoportable. Estos ataques censurables y continuos sobre áreas residenciales apuntan a una política de ataques deliberados y sistemáticos contra civiles en ataques que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, dijo Philip Luther, de Amnistía Internacional.
“Al atacar a civiles sin descanso y deliberadamente, el gobierno sirio parece haber adoptado una política cruel de castigo colectivo contra la población civil de Alepo”, agregó.
Los grupos insurgentes también han cometido abusos en la ciudad utilizando armas imprecisas como morteros y cohetes improvisados contra barrios controlados por el gobierno, señaló el informe. Al menos 600 civiles fallecieron en este tipo de ataques en 2014 según la ONG.
El informe también documenta el frecuente uso de la tortura, la detención arbitraria y el secuestro por ambas parte del conflicto.
Amnistía pidió al gobierno y a sus riales que terminen los ataques intencionados contra civiles, así como el uso arbitrario de arrestos, tenciones y torturas.